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martes, 18 de junio de 2019

Gobierno de Ortega niega nuevas liberaciones de "presos políticos".


El régimen de Nicaragua negó nuevas liberaciones de "presos políticos" este martes, cuando se cumple el plazo de 90 días para dejar en libertad a todas las personas arrestadas por participar en protestas contra Daniel Ortega.

Al menos 86 personas encarceladas debían ser liberadas este 18 de junio como parte de las negociaciones entre el régimen y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para superar la crisis local, según la oposición, sin embargo el régimen cerró dicha posibilidad esa mañana.

"El día sábado 8 de junio, la Asamblea Nacional discutió y aprobó una Ley de Amnistía que hizo posible la liberación de todas esas personas (presos políticos), los días lunes 10 y martes 11 de este mes de junio", informó el Ejecutivo, en una nota de prensa.

La semana pasada fueron liberadas 106 "presos políticos", entre ellos 3 periodistas, en el marco de la Ley de Amnistía, no obstante la oposición y organizaciones humanitarias coincidieron en que al menos 86 de ellos continuaban en prisión, algunos desde hace más de un año.

El régimen afirmó que las personas liberadas se corresponden con las listas consensuadas con la Alianza y entregadas al Comité Internacional de la Cruz Roja, en presencia de los testigos Waldemar Stanilaw Sommertag, nuncio apostólico en Nicaragua, y Luis Ángel Rosadilla, representante del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En su comunicación pública, el régimen nicaragüense no hizo referencia al grupo de al menos 86 "presos políticos" que la oposición esperaba que fueran liberados a más tardar este martes.  En la víspera, tanto la Alianza Cívica, como el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su temor ante la posibilidad de que el régimen se negara a liberar a los últimos 86 opositores encarcelados.

Los temores de dichas organizaciones estaban fundados en que hasta ahora el régimen de Ortega no ha respetado ninguno de los acuerdos firmados con la Alianza Cívica, y continúa arrestando a manifestantes, según la oposición.

Estados Unidos y el Parlamento Europeo han advertido de sanciones económicas contra Ortega y sus allegados, en caso de no mostrar interés en solucionar la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos en 14 meses.

Hasta el pasado 11 de junio unos 620 "presos políticos" habían recobrado una "libertad relativa", según el Comité, que ha denunciado asedio policial contra los manifestantes ex convictos. 
 
A pesar de la Ley de Amnistía el Gobierno continúa calificando a los opositores como "terroristas", e identifica como "golpe de Estado fallido" las protestas contra Ortega.

Nicaragua vive una crisis que, desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018 ha dejado 326 muertos, según la CIDH. Organizaciones humanitarias locales cuentan hasta 594 víctimas. El Gobierno reconoce 200.

La CIDH ha insistido en que el régimen de Ortega ha ejecutado crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis.

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