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sábado, 15 de junio de 2019

Juristas penalistas denuncian las irregularidades en juicios contra ex reos políticos..


Un grupo de abogados especializados en derecho penal concluyeron ayer que el Gobierno de Nicaragua instrumentalizó al sistema judicial y cometió violaciones constitucionales y al debido proceso contra manifestantes que fueron llevados a juicio por participar en las protestas antigubernamentales de 2018.

La información se desglosa en el estudio “Nicaragua: secuestro y criminalización de manifestantes a partir de abril de 2018, violaciones y garantías constitucionales”, este fue presentado por el denominado Grupo Acción Penal.

María Asunción Moreno, especialista en derecho penal, explicó que en la investigación se estudiaron 15 casos de manifestantes y está dividido en dos partes: la primera analiza 4 casos de secuestros y la segunda estudia 11 casos judicializados.

“Los autores de esta investi gación han constatado como un patrón general que se ha utilizado de forma incorrecta el derecho penal, se ha utilizado para criminalizar a manifestantes que solamente ejercían su derecho a protestar”, señaló Moreno.

De acuerdo con la expositora en la investigación se analizaron el actuar de los fiscales, jueces e inclusive magistrados para ver si estos últimos atendieron su función tuitiva del proceso; es decir, si actuaron en sus funciones según la ley, y si sus sentencias y resoluciones fueron dictadas de acuerdo con las normas constitucionales, penales y procesales.

“Cada caso documenta nombre de jueces que llevaron las causas, nombre de los fiscales acusadores y en algunos también se han incluido nombres de los testigos”, explicó Moreno.

Entre los casos analizados y que fueron incluidos bajo el término de secuestros, destacan el del maratonista Alex Vanegas Potoy, quien fue detenido en noviembre pasado mientras asistía a un acto en un cementerio al sur de Managua, además el de Carlos Valle, exconcejal opositor que en las marchas solía pedir la liberación de su hija, una manifestante que permaneció presa el año pasado.

También el de Wilmer González un manifestante de Jinotega que fue apresado por las autoridades y José Guido Carballo, protestante de Masaya, quienes permanecieron en prisión por 2 y 4 meses, respectivamente, sin que las autoridades presentaran cargos en su contra.

En cada uno de esos casos, según el análisis jurídico se comprobó que las autoridades del Estado violentaron el derecho a las libertades personales, explicó la abogada Eylin Ruiz.

Mientras que en los casos de judicialización, los jueces impusieron la medida de prisión preventiva como regla general, la cual desnaturaliza sus finalidades y su imposición obedece a una voluntad de imponer pena anticipada, afirmó por su parte el abogado Roberto Funes.

Los abogados que integran la organización concluyeron que el Poder Ejecutivo instrumentalizó al sistema de justicia penal como órgano represor, actuando arbitrariamente y de forma coordinada a partir de abril de 2018.

Comunidades caribeñas piden derogar la ley del Canal.  El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) denunció que el proyecto del Canal Interoceánico por Nicaragua sigue siendo "una amenaza a los pueblos indígenas y afrodescendientes".

María Luisa Acosta, coordinadora de CALPI, se refiere a que el gobierno de Daniel Ortega comprometió con la empresa HKND "un contrato de arrendamiento perpetuo de 263 kilómetros cuadrados en el corazón del territorio, de donde las comunidades derivan principalmente su subsistencia" que siguen bajo el control de los concesionarios chinos.

A consecuencia de este compromiso del año 2013 cuando "se entregó la concesión el estado abortó el proceso de demarcación y titulación de las tierras tradicionales reclamadas" el gobierno detuvo la titulación de los territorios a las comunidades Rama y Kriol "por medio de amenazas, engaños y cooptación a los miembros del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K)"-

Esto porque el régimen de Daniel Ortega "creó un gobierno paralelo conformado por miembros del partido FSLN, actualmente en el gobierno, y en violación al debido proceso legal emitió un título de solo 7% del reclamo; dejando el 93% del territorio sin titular y por ende potencialmente listo para la ruta del GCIN. El titulo fue entregado por el propio Presidente de la Republica el 29 de octubre de 2016 al gobierno paralelo", dice el pronunciamiento de CALPI.

"Al quedar obsoleta Ley No. 840 también queda obsoleto el Convenio que contiene el contrato de arrendamiento perpetuo sobre el territorio Rama y Kriol, y debe reanudarse el proceso de titulación del territorio tradicional de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB)", concluye.

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