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martes, 4 de junio de 2019

Juristas se unen para la defensa de los secuestrados políticos..


Para luchar por la liberación de todos los manifestantes detenidos y acompañar a los mutilados, torturados, así como los familiares de los fallecidos se constituyó un equipo de abogados voluntarios conformado por el doctor Julio Montenegro, ex abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), y los destacados penalistas Elmer Flores, José López y Arnulfo López.

“Este es un esfuerzo para lograr la libertad de los presos políticos, pero también para lograr justicia de transición para los fallecidos, los mutilados y torturados por la represión gubernamental”, dijo Montenegro.

Asimismo destacó que anterioriormente formaron parte del grupo de defensores de la CPDH, pero decidieron separarse y continuar trabajando propiamente en esa área.
“Necesitábamos más libertad de trabajo en la divulgación de los casos, y la complejidad de lo administrativo podía ser un obstáculo”, comentó Montenegro.

Por su parte José López, procurador laboral, destacó que mantendrán la dinámica de cons-tancia y acompañamiento de las familias afectadas y esperan dar lo mejor para poder cumplir con los solicitantes. Además destacó la necesidad de trabajar unificado con otras organizaciones para crear mayores fortalezas con organizaciones cívicas.

Mientras tanto el doctor José Luis Borge, en representación de la Unidad Médica Nicaragüense, dio a conocer su respaldo a la iniciativa de los defensores, ante los diferentes tipos de represión contra el sector médico, en este caso por el cierre de farmacias que apoyaron el cuarto paro nacional realizado en mayo.

“Algunas de estas farmacias que son necesarias en algunas comunidades por el desabaste-cimiento de medicamentos en los centros de salud y hospitales, o por la atención deficiente en los centros hospitalarios. Además continúa la persecución, acoso y despidos contra los médicos, principalmente contra los especialistas que de alguna forma han expresado su descontento por la actuación institucional”, expresó.

También destacó que con el cierre de las farmacias también se eliminan puestos de trabajo y en algunas comunidades era la única manera de conseguir medicamentos
Montenegro señaló que no son una organización, sino un grupo de abogados por la defensa de los derechos humanos y sus servicios serán gratuitos. 

Además tiene muy pocos recursos, por lo tanto, no tienen una oficina pero podrán atender a quien lo necesite en los números 8879-3343 y 8687-3298.

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