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jueves, 13 de junio de 2019

Movimiento campesino exige derogar proyecto del canal.


Agrupaciones civiles y de campesinos nicaragüenses demandaron este jueves la derogación de un proyecto para construir un canal interoceánico adjudicado hace seis años a una empresa china, argumentando que ya finalizó el plazo previsto en el convenio para la realización de la obra, reportó la agencia AFP.

"Hoy (jueves) se está venciendo el plazo de seis años que se le dio al chino Wang Jing (propietario del grupo HKND) para la construcción de canal interoceánico", dijo a periodistas Octavio Ortega, miembro del grupo campesino Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía.

La agrupación rechaza el canal porque su desarrollo desplazaría a los campesinos de sus tierras, según objetan. El Acuerdo Marco de Concesión (AMC) del canal fue aprobado el 13 de junio de 2013 por el Congreso dominado por el partido gobernante, y rubricado luego por el presidente Daniel Ortega y el empresario chino.

El proyecto, valorado en 50.000 millones de dólares, otorgó a HKND derechos exclusivos de operación por 50 años, prorrogables por 50 más. La construcción debió comenzar en 2016, pero tras varios aplazamientos quedó suspendida indefinidamente, y nada se supo de Wang después de que perdiera 84% de su fortuna, valorada en 10.200 millones de dólares, según el índice de millonarios de Bloomberg en 2015.

Octavio Ortega recordó que el convenio preveía que la concesión sería derogada si HKND no realizaba ninguna obra en el plazo de seis años. 

También el ilegalizado grupo Cocibolca, formado por organizaciones civiles que también se oponen al canal, destacó que el acuerdo marco determina que "la concesión terminará por la imposibilidad de cierre financiero ya sea por razones comerciales, técnicas, legales, políticas o de cualquier otra índole dentro de los 72 meses a partir" de junio del 2013.

Igualmente, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) pidió invalidar el acuerdo en un comunicado: "Exigimos la derogación de una ley inconsulta y poco transparente que lesiona la soberanía nacional", señaló. El gobierno, que proclamó el proyecto como la mejor alternativa para solucionar la pobreza en el país, no se pronunció sobre el tema.

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