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jueves, 13 de junio de 2019

“Nicaragua: Secuestro y criminalización de manifestantes a partir de abril del 2018.


Acción Penal presentó  el documento “Nicaragua: Secuestro y criminalización de manifestantes a partir de abril del 2018 (Violaciones de derechos y garantías constitucionales), un estudio de sobre casos de secuestros y judicialización de presos políticos nicaragüenses.

El estudio es fundamentalmente jurídico, y tiene como marco teórico la Constitución Política de la República de Nicaragua, el Código Penal (CP) y el Código Proceso Penal (CPP) de Nicaragua, entre otras leyes relacionadas al Sistema de Justicia Penal y analizó el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal, a fin de determinar si se respetaron o no los principios y garantías constitucionales y procesales. 

La selección de los casos estudiados estuvo determinada por el acceso a los expedientes judiciales de las personas mencionadas en estudio. El estudio reviso 15 casos de presos políticos y está dividido en dos partes. La Primera analiza 4 casos de secuestros, la Segunda estudia 11 casos judicializados.

Este estudio analiza el actuar del Sistema de Justicia Penal haciendo una auditoria al cumplimiento y respeto de los principios y garantías establecidos en la Constitución y el CPP de Nicaragua, entre ellos: Artículos 33 y 34 de la Constitución, Principio de legalidad. (art. 1 CPP), Respeto a la dignidad humana. (art. 3 del CPP), Derecho a la defensa, Principio de proporcionalidad. (art. 5 CPP), Principio de gratuidad y Celeridad Procesal. (art 8 CPP), Principio acusatorio. (art. 10 CPP), El juez natural (art. 11 CPP), Principio de oralidad (art. 13 CPP).

Al ser un estudio de casos, eminentemente procesal, no se analiza las violaciones a la integridad física, los tratos crueles, inhumanos o degradantes del que las personas privadas de libertad hayan sido víctimas en los centros de detención. Esto será objeto de otro estudio. Tampoco se estudiaron los casos de los adolescentes privados de libertad ya que no se tuvo acceso a sus expedientes.

Los expertos penalistas analizaron el actuar de los fiscales, jueces y magistrados, si estos atendieron la función tuitiva del proceso, si actuaron en sus funciones según ley expresa y si sus sentencias y resoluciones fueron dictadas de acuerdo a la norma constitucional, penal y procesal penal. Este dictamen jurídico penal, es en sí una autopsia al Sistema de Justicia Penal de Nicaragua.

Acción Penal, en los casos objetos del presente dictamen constató graves violaciones a los principios y garantías constitucionales y procesales por parte de los operadores del Sistema de Justicia Penal de Nicaragua. Siendo las siguientes:


Violación a libertades personales. En los casos de secuestros analizados en el presente estudio, se comprobó que se violentó el derecho a las libertades personales, por parte de las autoridades del Estado de Nicaragua en el contexto de las protestas sociales desde abril del 2018 a la fecha.

En esta categoría de violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, no se debe utilizar el término de detención ilegal, puesto que las capturas o las sustracciones ni siquiera fueron ejecutadas por la falta de una orden de detención o de captura, emitida por autoridad competente, sino que fueron tan arbitrarias que, se deben sancionar en otra categoría de delitos contra la libertad, es decir en la del secuestro.

El estudio de casos revisó 11 casos de expedientes judiciales encontrando las siguientes violaciones al debido proceso:

          En 10 casos se violentó el principio de Legalidad.
          En  4 casos se violentó el principio de Derecho a la Defensa.
          En 5 casos se violentó el principio de Proporcionalidad.
          En 7 casos se violentó el principio de Celeridad Procesal.
          En 1 caso se violentó el principio Acusatorio.
          En 7 casos se violentó el principio de Juez Natural. Los otros 4 casos no fueron sustraídos al darse los supuestos hechos en Managua.

          En 8  casos se violentó el Principio de Oralidad y de Publicidad.
Los únicos que no fueron sustraídos de su juez natural corresponden a los 4 casos judicializados de hechos ocurridos en la ciudad de Managua y que además los ciudadanos acusados tienen su domicilio en la ciudad capital.
Prisión preventiva como regla general.

En los casos judicializados y objetos de este estudio, los jueces impusieron la medida cautelar de Prisión Preventiva como la regla general, contradiciendo el hecho de que es una medida cautelar excepcional y de ultima ratio, lo cual desnaturaliza sus finalidades y su imposición obedece a una voluntad de imponer una pena anticipada.















































































































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