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viernes, 28 de junio de 2019

Ortega reacomoda su Ley Antiterrorismo en la Asamblea Nacional.


Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, envió a la Asamblea Nacional, una reforma a la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de armas de Destrucción Masiva, mejor conocida como Ley Antiterrorismo.

Con esta reforma se pretende ampliar el listado de profesiones y actividades no financieras, designadas a reportar operaciones sospechosas vinculadas con delitos de lavado de activos.

De aprobarse esta reforma los abogados y notarios públicos, serán incluidos en la lista de profesiones y actividades no financieras como “sujetos obligados por la legislación” a reportar operaciones sospechosas vinculadas con el financiamiento al terrorismo, lavado de activos y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Según el proyecto de ley, con esta iniciativa se podrá detectar operaciones inusuales, reportarlas al Poder Judicial y posteriormente remitirlas a la Unidad de Análisis Financiero.

La Ley de Reformas y Adición a Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de armas de Destrucción Masiva, reforma el artículo 4 numeral 7, el artículo 9 numeral 4, el artículo 10, el articulo 15 literal e, el articulo 17 numeral 4, de la Ley que entró en vigencia el 20 de julio de 2018.

La reforma del artículo 17 de la Ley 977 pide que “los supervisores de casinos, corredores de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos, comerciantes de piedras preciosas, abogados y notarios públicos, contadores, proveedores de servicios fiduciarios y comerciantes de vehículos nuevos o usados, pueden establecer tipos de servicios mínimos para las operaciones a partir de los que deberán identificar y verificar a sus clientes.”

La Ley 977 ha sido ampliamente criticada por organismos de derechos humanos, ya que a su juicio “fue diseñada para criminalizar las protestas sociales”.

La ley, aprobada por la Asamblea Nacional en julio del año pasado, establece en su artículo 44 que el delito de terrorismo es cometido por quien “realice cualquier acto designado a causar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

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