Desde Nicaragua,cuna de Rubén Darío transmite "La Nica" la Radio de Nicaragua.: ⬇️SINTONIZA EN VIVO⬇️



TITULARES

sábado, 8 de junio de 2019

Rechazo a amnistía orteguista: condiciona libertad de presos políticos y protege a represores.


El dictador Daniel Ortega está  arrastrando al país a la impunidad y evitando a toda costa asumir responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por él y su círculo más cercano. 

Hoy los diputados de la Asamblea Nacional aprobarán sin más la Ley de Amnistía que el régimen ha diseñado para exonerar de procesos investigativos y judiciales a los autores directos e indirectos de la brutal represión, desatada contra ciudadanos civiles desarmados, que desde las calles exigían justicia y democracia para Nicaragua.

Pero una amnistía (del griego amnestia, olvido o perdón), no tiene cabida y más cuando Daniel Ortega ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Incluso la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidente chilena Michelle Bachelet, ha alertado sobre esta ley, que provoca una falta de reparación a las víctimas: “Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Estas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”.

La representante del organismo mundial hace hincapié en que este proyecto de ley puede socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad. “En cuanto a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes, estas deben ser puestas en libertad y sus procesos penales deben ser desestimados”, dijo Bachelet en un comunicado de prensa.

Pablo Parente, miembro del Grupo Interdisciplinario de Experto Internacionales (GIEI), conformado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos  (OEA) cuestionó a Daniel Ortega por querer dictar una ley de amnistía que ampare los crímenes cometidos por su Gobierno.  “Inútil frente a crímenes de lesa humanidad”, fustigó el fiscal argentino.

Tras seis de meses de investigaciones en Nicaragua, el GIEI planteó que  para evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, recomendó  a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó a la propuesta del régimen y le recordó que son contrarias a la Convención Americana las leyes de amnistía que impidan la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos Nicaragua. 

“Las víctimas, los familiares y la sociedad nicaragüense tienen derecho al esclarecimiento de la verdad y a garantías de no repetición. Cualquier mecanismo que impida u obstaculice el ejercicio de estos derechos, vulnera el estándar interamericano”, expuso.

La presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, llamó al  proyecto como una “autoamnistía” y la ve más bien una acción cobarde y perversa “de quien huye de su propio miedo a enfrentar la justicia”. 

Por otro lado, valora esta medida como  una de las últimas zancadillas  que realizan los tiranos ante su inminente salida del usurpado poder gubernamental. “Libertad incondicional a nuestros presos y presas políticas ya”, instó desde su cuenta de Twitter.

El régimen insiste en su proyecto de ley que los ciudadanos nicaragüenses, que ejercían su derecho constitucional a la movilización y a la protesta, intentaron asestarle un golpe de Estado. “El 18 de abril un grupo de personas iniciaron la realización de actos violentos y destructivos con el propósito de derrocar al gobierno constitucionalmente electo (…) que dejó al país muerte, desintegración familiar y deterioro económico”, reza la exposición del proyecto en la que el régimen evade cualquier responsabilidad en los hechos violentos ejecutados por  sus fuerzas policiales y paramilitares.

Los argumentos que esgrime el régimen para aprobar su Ley de Amnistía se basan en informes de la Comisión de la Verdad, que responde a intereses de él mismo, y en los que se señala que registraron preliminarmente 253 fallecidos. El texto también menciona que “los actos violentos” han ocasionado pérdida al país por 7,000 millones de córdobas.

La Ley de Amnistía orteguista es un articulado que consta de cuatro aspectos: cobertura de la amnistía, alcance a delitos políticos y comunes conexos, no repetición –limitado a condicionar la libertad de los que hayan enfrentado procesos judiciales — y publicación y vigencia.

El artículo uno de la ley ordena que se conceda amnistía a todas las personas que “han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”, y agrega que esta se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias”.

Eso implica, según la ley, que las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidades así como la ejecución de sentencias al momento de entrada en vigencia. Sin embargo, el régimen habla de aplicar amnistía a quienes el sistema judicial, leal a Ortega, ha identificado injustamente como culpables.

“Las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de esta ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata (…) Y por disposición de esta ley, las autoridades competentes cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas por la amnistía”, expone el proyecto de ley enviado por la dictadura.

El artículo tercero referido al principio de no repetición, en realidad consiste en condicionar la libertad de las personas que han enfrentado procesos penales y no se refiere a los verdaderos perpetradores de la represión. “Las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados”, dice el borrador de la ley.

Este artículo termina con la amenaza directa a la libertad de las personas, pese a que la misma amnistía habla de borrar el historial penal de aquellos que queden al amparo de la misma: “La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio de esta ley”.

Al respecto, el organismo Amnistía Internacional manifestó que las personas detenidas por ejercer sus derechos en el contexto de la crisis no necesitan una Ley de Amnistía si no la inmediata liberación. “Nicaragua debe recordar que cualquier disposición de amnistía que impida la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos es inadmisible. Lo que el pueblo de Nicaragua merece es verdad, justicia y reparación”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de esta organización.

El grupo de abogados defensores de los presos políticos y que forman parte del recién creado movimiento Acción Penal manifestaron que este proyecto de ley no concede ningún beneficio a las ciudadanos encarcelados, “puesto que no han cometido hecho delictivo alguno, ni han violado la ley, han ejercido legítimamente sus derechos”, argumento. 

Además, los juristas aseguran que la Ley de Amnistía constituye una estrategia política para beneficiar a personas que no se encuentran siendo procesadas o investigadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis política. “Este ley es un obstáculo para un verdadero proceso de justicia transicional”, denuncia.

La Ley de Amnistía del régimen ha sido ampliamente rechazada por los familiares de los presos políticos, madres de las víctimas, juristas independientes, la oposición aglutinada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), y otros sectores de la sociedad nicaragüense, porque dejaría libre a los verdaderos responsables de las muertes de entre 325 y 500 ciudadanos.

Acerca de " "

LA NICA LA RADIO DE NICARAGUA ES PARTE DEL SERVICIO NICARAGUENSE DE NOTICIAS (SNN)

Publicar un comentario

Comentarios en Facebook

 
Copyright © 2011-2018 (SNN)
Design by SNN | Distributed by Servicio Nicaragüense de Noticias .