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lunes, 1 de julio de 2019

Alianza Cívica valora si vuelven al diálogo tras 40 días paralizado.


La continuación del diálogo entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua pende ahora de una evaluación de cuánto ha cumplido este los acuerdos suscritos en marzo pasado, más cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) llama a que se reanude una negociación “efectiva y de buena fe” y haya un “cumplimiento pleno” de lo acordado.

“Estamos por ver cuál es la posición del Gobierno… Si rechaza la resolución (de la OEA), estaría oponiéndose a la negociación… La crisis continúa profundizándose día a día y solo un acuerdo político bilateral puede sacarnos de ella”, advierte José Pallais, negociador por la Alianza Cívica.

En su Asamblea General de Medellín, la OEA decidió el viernes crear una comisión que se encargará de realizar “gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.

En la resolución de este 28 de junio, el organismo interamericano señala que en Nicaragua falta avanzar “en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas”, un tema pendiente en la agenda del diálogo trabado desde el 20 de mayo pasado.

Carlos Tünnermann, de la Alianza, opina que el Gobierno nicaragüense recibe hoy más presión internacional para hacer funcionar el diálogo nacional, mientras la función de la Comisión de alto nivel que formará la OEA “no es sustituir la mesa de negociación, sino conversar con el régimen para encontrar una solución cívica y pacífica”.

Después de 227 días de paralizado el primer diálogo nacional, el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se volvieron a sentar en una mesa de negociación el miércoles 27 de febrero de 2019, con condiciones distintas a las del intento inicial de acuerdos para resolver una crisis sociopolítica que ya cumplía diez meses.

Una de las características del segundo diálogo fue la disminución de participantes. En el primero llegaron a estar hasta 50 representantes por cada lado. Ahora solo habría en la mesa seis negociadores por cada parte, con un suplente y un asesor que trabajarían en una sala contigua.  

El presidente Daniel Ortega Saavedra, quien convocó el 21 de febrero a este segundo diálogo, pidió que se realizara “ya no con la multitud, ya no con esa multitud, tampoco con medios de comunicación; es que eso no es correcto”.

La Alianza Cívica respondió que asumía el reto “por una Nicaragua con justicia y democracia”, y que sus temas de agenda fundamentales serían: liberación de los presos políticos, restablecimiento de las libertades, derechos y garantías de todos los ciudadanos, ya establecidas en la Constitución Política del país; reformas electorales que garanticen elecciones justas, libres y transparentes; y justicia para más de 300 personas asesinadas durante la represión a las protestas antigubernamentales.

El líder estudiantil Max Jerez, de la Alianza Cívica, explica que “en el primer diálogo (16 de mayo – 09 de julio de 2018), probablemente no estábamos preparados… En este segundo proceso de negociación sí… No fue creado con prisa, la metodología fue planificada, no estábamos viviendo lo que se vivió entre mayo y julio del año pasado, cuando sufríamos un proceso bastante intenso de violencia y muertes”.

Antes de aceptar el nuevo diálogo, el gobierno sandinista recibió el 14 de febrero la visita de Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Se supo, por un comunicado de la OEA, que Koncke planteó a Ortega la liberación de los manifestantes encarcelados, la necesidad de avanzar en el proceso de reformas políticas y electorales y, para esto, considerar las recomendaciones del Sistema Interamericano.

La respuesta del Gobierno, en ese momento, fue que “las personas detenidas han sido objeto del debido proceso” y anunció su intención de “fortalecer el proceso político electoral hacia el 2021 en el marco de la Constitución y la ley”.

Dos días después, el 16 de febrero de 2019, Ortega recibió a una representación de los empresarios más influyentes del país: Carlos Pellas, Ramiro Ortiz Mayorga, Juan Sacasa, José Antonio Baltodano y Roberto Zamora, quienes le explicaron por qué urgía hacer una negociación incluyente, seria y franca, para poner fin a la crisis social, política y económica.

El embajador de El Vaticano en Nicaragua, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, fueron testigos de esa conversación.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, considera que las dos negociaciones, la iniciada el 16 de mayo de 2018 y la del 27 de febrero de 2019, son distintas por el contexto en que se realizan. 

La primera, en medio de “violencia, violaciones a los derechos humanos, muerte y un país paralizado”; y la segunda, aunque aún con violaciones a los derechos humanos, “ya no estamos hablando de muertos, de heridos o de un país completamente paralizado, sino de un país con otro tipo de expresiones sobre la realidad económica, los exiliados, la justicia y las personas apresadas”, explica.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) nace con el primer diálogo y, según Aguerri, esa negociación dejó resultados importantes como la entrada al país de organismos internacionales claves: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh).

Carlos Tünnermann recuerda que “por la invitación de estos organismos de derechos humanos tuvimos un impasse; hasta que supimos que el Gobierno había entregado las cartas de invitación a estos organismos, se procedió a continuar con las negociaciones”.

Otro avance de la primera negociación, según Tünnermann, fueron las 15 recomendaciones de la CIDH, plasmadas en el informe preliminar de la visita que realizó a Nicaragua del 17 al 21 de mayo de 2018.

Sugirió entonces la instalación del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el arribo de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de ese año.

“El Gobierno no cumplió la mayoría de las recomendaciones, como cesar la represión o desarmar a los grupos paramilitares, pero cumplió permitiendo la instalación del Meseni y GIEI”, afirma Tünnermann.

El Meseni y el GIEI permanecieron en Nicaragua hasta el 19 de diciembre de 2018, cuando el Gobierno canceló los permisos de estadía a las dos misiones.

Para Aguerri, el trabajo del Meseni y el GIEI permitió que, a partir de la suspensión del primer diálogo, se haya dado una “presión internacional constante y sistemática” basada en los informes de estos organismos, con evidencias de cómo el Gobierno cometió crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, detenciones y juicios ilegales y arbitrarios.

Esa presión internacional, entre julio de 2018 y febrero de 2019, permitió que se llegara al segundo diálogo con el Gobierno, asegura el presidente del Cosep.

En la nueva mesa de negociación todo ha sido más metodológico, la organización ha sido distinta y los negociadores menos efusivos, “pero tenemos la misma fuerza en decir y denunciar los problemas de la gente, las violaciones a los derechos humanos y la represión”, comenta el líder empresarial.

METRO intentó entrevistar al diputado sandinista José Figueroa, negociador por el Gobierno, pero él sugirió que habláramos con el jefe del equipo, el canciller Denis Moncada. Este atendió nuestra llamada y dijo que nos avisaría cuándo nos concedería la entrevista.

El 10 de junio llamamos al magistrado judicial Francisco Rosales, también negociador gubernamental, quien se negó a responder nuestras preguntas aduciendo falta de tiempo. Sin embargo, pidió que se las enviáramos por correo electrónico y nunca respondió.

El 12 de junio volvimos a llamar al canciller y su respuesta fue: “Mirá, lo que pasa es que yo tengo una agenda bastante apretada; entonces, no tengo tiempo de concederte entrevista… No tengo mucho tiempo, en otro momento”.

Hubo 39 sesiones de negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno, desde el 27 de febrero hasta el 16 de mayo de 2019, cuando se reunieron la última vez. El lunes 20 el diálogo quedó suspendido, a la espera de la liberación de todos los presos políticos, cuya fecha tope acordada era el 18 de junio.

Las conversaciones, realizadas en esta etapa en el campus del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), iniciaron con la discusión de una “Hoja de Ruta” de la que aprobaron 9 de 16 puntos en los primeros siete días, enfocados en aspectos metodológicos y mecanismos de trabajo.

Este diálogo, con bastante discreción, parecía ir a lo concreto y sin demora. Tünnermann dice que la televisación del primer diálogo ocasionó retórica en distintos temas y algunos participantes estuvieron más atentos a la audiencia que a las propias conversaciones.

Aguerri comenta que, en ese sentido, “las lecciones aprendidas fueron que vos no podías ir a un diálogo grupal, sino un grupo pequeño que representara a todos los sectores y tenía que ser un diálogo no televisado; transparente en la medida de lo posible, pero no televisado”.

Aguerri dice que hacer una “Hoja de Ruta” y una agenda pre consensuada fueron aspectos que marcaron la diferencia entre ambos diálogos y ayudaron a la fluidez de las negociaciones.

En la primera negociación “no había una agenda pre consensuada y tampoco una hoja de ruta, ahí lo que había era el tema que iba saliendo; entonces, estos elementos que fueron realmente diferentes, permitieron que todavía hoy, a pesar de que el diálogo está suspendido, esté vivo”, explica.

Una de las primeras acciones de la mesa de negociación fue enviar invitación formal a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y a representantes de la Iglesia evangélica, para participar en calidad de “testigos y acompañantes”.

El 8 de marzo, después de un día de reflexión, los obispos emitieron un comunicado rechazando la invitación a ser testigos y acompañantes del segundo diálogo.

“No estaremos presentes físicamente en el foro de negociaciones, pero acompañaremos como pastores en estos momentos cruciales para nuestra patria”, expresa la declaración de la CEN, y concluye con un llamado a que “los laicos asuman directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de la nación”.

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