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jueves, 11 de julio de 2019

CIDH critica las políticas represivas del gobierno de Ortega.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su "preocupación por la continuación de la represión después de casi cinco meses de la instalación de la Mesa de Negociación en Nicaragua. 

Asimismo, la CIDH lamenta la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población, así como para superar la situación de impunidad respecto las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018".

En un pronunciamiento divulgado expresan que "a pesar del inicio de la Mesa de Negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (Alianza Cívica), el 27 de febrero de 2018, la CIDH observa la persistencia del estado policial en Nicaragua caracterizado por la prohibición de las protestas sociales y afectaciones a otros derechos por actos de estigmatización, ataques y agresiones, asedio y la continuación de detenciones arbitrarias en todo el país".

"La CIDH advierte que, durante el primer semestre de 2019, el Estado rechazó todas las solicitudes presentadas por la sociedad civil para la realización de manifestaciones públicas y, además, mantiene el despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos para evitar cualquier protesta social o forma de manifestación. 

Recientemente, el Estado negó a la Unidad Nacional Azul y Blanco autorización a la convocatoria para realizar una marcha, el 26 de mayo, con el fin exigir la liberación de los presos políticos".

Asimismo, expresan que "en los meses de mayo y junio, el MESENI documentó un incremento de actos de hostigamiento y represión para contrarrestar e inhibir las formas de protesta social improvisadas por la población, entre otras, por medio de la toma de represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional del 23 de mayo, el asedio permanente a plantones exprés, así como a cualquier acto en el que participan personas excarceladas o personas identificadas como opositoras el Gobierno, incluyendo celebraciones religiosas y misas".

La CIDH denuncia el "contexto de amenazas contra la Iglesia y líderes religiosos a través de mensajes intimidatorios en redes sociales o pintas en las paredes de algunos templos. 

Ante las amenazas de muerte, un sacerdote de Estelí habría decidido salir del país. Asimismo, el 3 de julio, el sacerdote Edwin Román, beneficiario de medidas cautelares, habría sido víctima de amenazas por agentes de la Policía Nacional en Masaya".

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