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lunes, 15 de julio de 2019

¿Cuál es la posición de ACJD sobre la Carta Democrática?


Las recientes declaraciones de Mario Arana, exministro de Hacienda y miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ACJD, con el régimen de Daniel Ortega, ha causado controversias y sobre todo confusión en la acera de la oposición democrática.

Arana dijo a la Voz de América que "creo que tenemos que preocuparnos del riesgo más sensible que es que se pudiera dar una suspensión de Nicaragua dentro de la OEA, que afecte los flujos de recursos que están para financiar al país".

No es la primera vez que Arana expresa una posición similar con relación a las sanciones incluyendo la suspensión de ayuda multilateral al país. Así lo dijo cuando se discutía Nica Act y sostuvo que suspender los créditos al régimen sandinista afectaría a la economía y sobre todo a los pobres.

Sus declaraciones, ofrecidas en una nota publicada de la VOA sobre el "silencio total" de la Organización de Estados Americanos a casi tres semanas de la aprobación de la resolución en la Asamblea General de la OEA celebrada en Medellín, no aparece reflejada de esa forma en los pronunciamientos hechos por la Alianza Cívica sobre el tema.

La 49 Asamblea General de la OEA aprobó una resolución en la que instó a la reanudación de "la negociación efectiva y de buena fe" entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica, así como al cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre ambas partes.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ACJD, no ha usado el argumento de que la suspensión del gobierno, basado en el artículo 20 y 21 de la Carta Democrática, traerá efectos negativos sobre el flujo de financiamiento bancario concesional a Nicaragua. De hecho, apoya las decisiones de la organización en la búsqueda de una salida pacífica lo que incluye, ante el reiterado rechazo del gobierno a llegar a acuerdos, la convocatoria a una reunión de urgencia del Consejo Permanente, como lo establece la resolución de Medellín.

El pasado jueves, 11 de julio, la Alianza Cívica envió una carta a la embajadora Yolande Yvonne Smith, presidenta del Consejo Permanente de la OEA, para que ponga en marcha la formación de la comisión que sondeará un arreglo para la salida a la crisis.

La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, pero la representación de Grenada, a cargo de Smith se abstuvo de apoyarla. La tendencia de esta nación caribeña ha sido contraria a la de la mayoría que mantiene una fuerte presión contra el gobierno sandinista.

De allí que posiciones como las de Mario Arana, presidente de AmCham y miembro de la comisión negociadora, crean confusión y fortalecen las de los miembros de la OEA que apoyan directa o indirectamente al régimen de Daniel Ortega.

En su carta a la presidencia del Consejo Permanente, la Alianza Cívica expresa que "La comunidad internacional comparte nuestra preocupación como lo ha hecho evidente el Informe presentado el día de hoy en Ginebra por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en el cual se destaca: "La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas".

"Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos"; y lamenta igualmente la no continuación de las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica y la falta de aplicación de los dos acuerdos alcanzados anteriormente", agrega.

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