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miércoles, 3 de julio de 2019

La descontrolada austeridad de México marca la gestión de López Obrador.

México /  Reuter - Hace un año, Andrés Manuel López Obrador pronunció su primer discurso como presidente electo. Era la noche del 1 de julio y el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se dio un baño de pueblo en la plaza del Zócalo tras una victoria arrasadora. Frente a miles de personas dio claves de su Gobierno. 

“Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales (…) bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública”. En aquellos 15 minutos la palabra austeridad no apareció en ningún momento y, sin embargo, ha sido la principal característica del Ejecutivo de López Obrador.

Prácticamente ninguna de las 30 semanas de la Administración de Morena, que este lunes aprobó la Ley de Austeridad Republicana, han pasado sin una estridente queja por los recortes, que han tocado casi todos los sectores del Gobierno. Burócratas, científicos, académicos, policías y soldados, médicos, jueces, maestros, periodistas y artistas han alzado la voz para explicar cómo los recortes están dañando sus trabajos.

El quinto memorándum de López Obrador, enviado a la Administración pública a inicios de mayo se convirtió en un dolor de cabeza para la burocracia. La orden presidencial obligaba a reducir un 30% en gastos de representación, vuelos y viajes, además de desaparecer, para el 31 de mayo como fecha límite, las direcciones administrativas y despedir a los trabajadores eventuales. Llevar a la práctica el texto fue complicado por su falta de claridad. 

El propio presidente ha admitido ha habido “falta de criterio” y “sentido común” en la aplicación de la austeridad. En una entrevista con el diario La Jornada, no obstante, López Obrador asegura que “todavía falta más austeridad”, otra “vuelta de tuerca”, que no termina de explicar en qué consistirá. “El recorte se ha hecho con un hacha cuando se tenía que haber hecho con bisturí”, dice Mariana Campos, investigadora del centro de investigación México Evalúa.

El 21 de mayo las señales de alarma se volvieron tangibles. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, dimitió acusando las draconianas medidas de gasto impuestas por Hacienda. “Eso supuso un punto de inflexión”, explica Khemvirg Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. “Evidenció cómo los recortes no pueden ser con machete, sino producto de un análisis detallado”, añadió el experto.

El sector salud fue uno de los más dañados. Un directivo del Hospital Infantil, uno de los institutos de alta especialidad que atienden a los mexicanos más pobres, explica que las medidas de austeridad han limitado las manos disponibles. “Tenemos falta de camilleros, de personal de intendencia, de personal de lavandería. 

Tuvimos que reducir las cirugías a un 50%, pues fueron suspendidos los contratos de 180 trabajadores”, asegura el alto cargo, quien pide mantener el anonimato por razones de seguridad. El núcleo del problema fue la orden presidencial dada a principios de mayo de cancelar los servicios de terceros, conocidos como outsourcing.

Dado que el servicio de anestesia, tanto máquinas como operarios, era subrogado esto llevó a parar las operaciones. Las denuncias públicas hicieron que el Gobierno descongelara fondos para volver a operar , pero no fueron repuestos los contratos del personal. “Seguimos prácticamente igual, solo que nos han ordenado que ya no nos quejemos, que no hagamos públicas las carencias del centro”.

Los recortes también han obligado a los médicos a ser más clínicos y depender menos de los exámenes. “Los laboratorios especiales, con pruebas más finas requieren la autorización cada vez de un mayor número de personas, se hace para restringir más estas pruebas”, explica un médico de urgencias del Hospital Infantil. 

“Esto implica cierto error y más responsabilidad para el personal médico”, agrega el doctor, quien añade que los recortes los han obligado a rechazar el ingreso de algunos menores. “Los niños con un traumatismo, así vinieran de otros Estados, si neurocirugía lo aceptaba, ese niño se recibía. Pero ahora, con los recortes tan grandes en los quirófanos, los cirujanos tienen la orden de que no pueden recibir a estos pacientes ya que no somos un hospital de trauma”, afirma el médico.

Otros centros de salud viven circunstancias similares. Un neurocirujano del Instituto Nacional de Cancerología revela que el Gobierno de Morena cerró el grifo para el Programa de Cáncer Cervicouterino. “Pensaron que no era indispensable, pero este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte en el país”. La aplanadora del partido de López Obrador en el Congreso dejó este programa en cero pesos en el portal de la Secretaría de Salud por ser una política de administraciones pasadas. “No hay dinero para un diagnóstico, para el tratamiento, para el seguimiento, no se está dando ni quimioterapia”, asegura. Cancerología tiene menos de 200 trabajadores entre técnicos, camilleros, personal de lavandería y de enfermería.

Juan Martínez, investigador del Instituto Nacional de Ecología, ubicado en Xalapa (Veracruz), es uno de los encargados de la supervivencia del lobo mexicano, una especie que hasta hace poco estaba al borde de la extinción. “¡Nosotros lo criamos en Durango (a 1.100 kilómetros de distancia)! Les tienes que dar alimentación, veterinarios. Si aplicamos a rajatabla el asunto del outsourcing no podríamos contratar estos servicios. Los recortes podrían afectar el número de viajes y en el peor de los casos no podríamos alimentarlos”.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el órgano rector de la ciencia en el país, vio reducirse su presupuesto para 2019 de 27.000 millones de pesos (1.400 millones de dólares) a 24.000 (1.253 millones). Esto ha encendido las alertas en los 26 institutos adscritos al Consejo, como el reputado Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que recibió 8% menos de recursos para operar. “Se cancelaron estímulos, bonos, extras de sueldo. El CIDE compensaba a sus investigadores los salarios bajos con primas por clase e investigaciones”, asegura Lorena Ruano, investigadora del Centro.

La política de austeridad de López Obrador profundiza un lustro de contracción en la inversión a la ciencia. Fabián Rosales, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), calcula que los políticos han quitado el 30% de recursos a los centros públicos de investigación. Los recortes actuales amenazan al 10% de la plantilla del Instituto, entre 60 y 80 personas, que están contratadas como trabajadores eventuales. 

“Nos preocupa el funcionamiento del observatorio de Cananea (Sonora). Para ir tenemos que viajar de Puebla a Ciudad de México y de allí a Hermosillo (Sonora). No tenemos claro si vamos a tener estos recursos o si vamos a tener que cerrar parcial o totalmente”, dice Rosales.

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