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martes, 23 de julio de 2019

Las modalidades de la represión en Nicaragua.


Por Elvira Cuadra Lira. Desde que se inició la insurrección cívica de Abril en el 2018, el gobierno de Daniel Ortega respondió a las multitudinarias y extendidas protestas con acciones de represión que han involucrado a las fuerzas policiales, grupos de choque simpatizantes del gobierno y grupos paramilitares conformados por ex militares, ex policías, militantes históricos del FSLN y simpatizantes fanatizados.

Entre abril de 2018 y julio de 2019, se pueden identificar al menos seis fases diferentes de represión que están caracterizadas por la forma de actuación de las fuerzas represivas y sus consecuencias. 

El objetivo ha sido el mismo en todas las fases: eliminar e impedir las protestas y al movimiento cívico; sin embargo, cada fase tiene un objetivo específico en la medida que La primera fase se produjo en las primeras semanas de abril, 2018, y en ella participaron principalmente las fuerzas policiales y los llamados grupos de choque del gobierno, conformados por jóvenes policías encubiertos o jóvenes en situación de riesgo.

En ese momento el objetivo era impedir las protestas y el tipo de actuación que se les dio fue similar a la de movilizaciones y protestas anteriores. Sin embargo, cuando la dimensión de las marchas y protestas creció en todo el país, la policía se vio rápidamente rebasada en sus capacidades aun cuando utilizó fuerza letal desde el inicio. Eso obligó al gobierno a redefinir su estrategia de represión y reorganizar sus fuerzas, mientras en el país se produjeron dos de las primeras y masivas marchas realizadas en el país: la del 23 de abril convocada por la empresa privada y el 28 de abril convocada por la iglesia católica.

La segunda fase inició con una policía en crisis por la intensidad de las protestas, actuando de manera errática tratando de frenar inútilmente las protestas y marchas en todo el país. Estas fue una fase muy corta en la que las fuerzas policiales y los grupos de choque fueron ampliamente rebasados por el nivel de movilización social. 

El gobierno decidió utilizar a los grupos paramilitares que comenzaron a salir a las calles públicamente a mediados del mes de mayo, 2018 utilizando un nivel de fuerza y violencia mucho más alto y letal que en las semanas anteriores. La marcha del 30 de mayo en Managua fue el punto culminante de las acciones de represión de ese período y marca un punto de inflexión para la siguiente fase.

La tercera fase de represión consistió en la llamada “Operación Limpieza” realizada por fuerzas de la policía y grupos paramilitares. Consistió en la realización de ataques armados cuasi militares en contra de tranques (cortes de carretera) en diferentes lugares del país, eliminación de barricadas y focos de resistencia cívica en varias ciudades como Masaya, el departamento de Carazo, Jinotega y otras, así como el ataque al recinto universitario de la UNAN-Managua ocupado por estudiantes y jóvenes. La operación limpieza incluyó también ataques armados a varias marchas y se extendió entre los meses de julio y septiembre, 2018.

En la cuarta fase de represión se intensificaron los apresamientos selectivos a líderes del movimiento cívico, la persecución a periodistas, incluido el cierre, allanamiento y confiscación arbitraria de medios de comunicación y la prohibición total a la realización de marchas. Las acciones de represión fueron realizadas por fuerzas policiales y paramilitares. Esta fase se extendió entre los meses de octubre, 2018 y enero, 2019. Las características de la quinta fase de represión fueron el asedio, la vigilancia, el acoso e intimidación, así como los secuestros selectivos realizados principalmente por la policía.

Actualmente se lleva a cabo una sexta fase de represión que tiene como propósito impedir las marchas, movilizaciones y acciones de protesta ahora que la mayoría de los prisioneros políticos fueron excarcelados y que el movimiento cívico ha adquirido más energías. Además, pretende mantener inactivos a los líderes del movimiento, principalmente los excarcelados. Entre sus características más destacadas están:

1. Amplios despliegues policiales en ciudades y centros urbanos importantes para evitar actividades cívicas de protesta como piquetes express y marchas.

2. Secuestros realizados por policías a ex carcelados y ciudadanos sospechosos de participar en actividades cívicas. Los secuestrados por la policía generalmente son liberados el mismo día o pocos días después.

3. Vigilancia, asedio, hostigamiento y amenazas constantes a excarcelados por parte de la policía y grupos paramilitares.

4. Reorganización de grupos paramilitares en varias ciudades del país. Se mantiene estructura con participación mayoritaria de ex militares, ex policías y militantes fanatizados seleccionados cuidadosamente por sus niveles de lealtad. Se han dedicado a realizar secuestros y desapariciones forzadas de líderes sociales, ataques simulando robos, intimidación con armas de guerra y vigilancia.

5. Actuación de grupos paramilitares en las zonas rurales con complacencia de la policía e impunidad. Realizan secuestros y ejecuciones selectivas de líderes sociales.

6. Participación de grupos paramilitares en delitos como robos, asaltos y otras acciones que aparentemente se relacionan con delitos comunes, pero que en realidad buscan generar un estado de inseguridad y temor entre la población.

Desde el último trimestre de 2018, es posible observar un incremento de asesinatos en las zonas rurales del país, una buena parte de ellos tienen como víctimas a líderes sociales y políticos vinculados con el movimiento cívico o partidos políticos de oposición. Entre octubre de 2018 y el 15 de julio de 2019 se reportan 29 casos en medios de comunicación. De ellos, al menos 28 personas fueron asesinadas con armas de fuego y en 20 de los casos participaron grupos de 2 o más personas como victimarios.

Los asesinatos identificados en este período tienen elementos en común, de tal manera que se puede considerar un patrón. Uno de los elementos del patrón es que aparentemente, las motivaciones en la mayoría de los casos son de índole política (21) y razones vinculadas con delincuencia común son una minoría (8). Se presume la vinculación política porque se trataba de personas que integraban partidos políticos de oposición o porque se presume que los asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares.

Por otra parte, aunque las circunstancias de los asesinatos simulan delitos comunes, testigos o familiares señalan como hechores a policías y paramilitares. Ya se mencionó que la mayoría de los asesinatos se cometieron con armas de fuego, entre ellas armas de guerra, pero además fueron cometidos con saña pues la mayoría de las víctimas recibieron dos detonaciones o más.

Existe una alta concentración geográfica de los casos, los cuales se localizan en la norte del país. El departamento de Jinotega tiene la mayor cantidad de personas asesinadas (20), seguido de Matagalpa (7).

En algunos de los casos se observa que los asesinatos son cometidos por grupos de más de dos personas que utilizan motos o camionetas para movilizarse.

Indudablemente el incremento de la violencia y la inseguridad en todo el país son una consecuencia directa de la crisis por varias razones: porque la Policía ha dejado de atender sus funciones y misiones ordinarias para dedicarse a las acciones de represión; porque el gobierno ha alentado y facilitado la conformación, actuación y la impunidad de los grupos paramilitares integrados por simpatizantes fanatizados, y porque hay una clara política de criminalización, persecución, vigilancia y agresiones a líderes sociales, especialmente prisioneros políticos excarcelados y aquellos que están en las zonas rurales.

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