Washington EEUU / EFE - Ocho países
sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la Organización de
Estados Americanos, OEA, un proyecto de resolución que exige una investigación
independiente sobre lo que describe como violaciones “graves y sistemáticas” de
los derechos humanos en Venezuela.
El documento expresa una condena firme a los abusos
atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo torturas, detenciones
ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El borrador no encarga a un ente específico la
responsabilidad de la investigación pero exige acceso pleno a territorio
venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no
ha recibido invitación de las autoridades venezolanas desde su última visita en
2002.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo a
reporteros que de adoptar la resolución el Consejo Permanente de la OEA tiene
que “explorar las distintas fórmulas posibles para la implementación” de una
investigación. Agregó que si la CIDH quedara a cargo de esa pesquisa estaría
dispuesto a considerar la creación de un mecanismo conjunto de investigación
con la ONU, algo sin precedentes.
“Se puede explorar esta posibilidad. El abanico de
opciones tiene que estar suficientemente abierto”, indicó.
La paraguaya Elisa Ruiz dijo que junto a los demás
patrocinadores –Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos
y Perú– planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por
determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos.
“La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al
pueblo venezolano en tiempos difíciles”, señaló Ruiz durante una sesión del
Consejo Permanente convocada de manera conjunta por Paraguay y Argentina.
La propuesta llegó a la OEA apenas días después de que la
alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, presentara un amplio informe en el que acusó al régimen de Maduro de
causar 5.287 muertes durante operativos de seguridad en 2018.
El nicaragüense Luis Alvarado denunció la presentación
del proyecto de resolución como una acción “impropia e ilegal” porque Venezuela
“ya no es miembro de la OEA y no tiene representación legal en este Consejo
Permanente ni en otro órgano del sistema interamericano”.
Maduro retiró a su personal diplomático destacado en la
OEA en abril pero el secretario general, Luis Almagro, –al igual que la mayoría
de los países miembros del organismo– reconoció al líder opositor Juan Guaidó
como presidente interino, alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue
fraudulenta.
La OEA también reconoció al emisario diplomático de
Guaidó, Gustavo Tarre, quien presenció la sesión ocupando el escaño
correspondiente a Venezuela. Tarre dijo que la meta es lograr que la resolución
sea adoptada por consenso, lo cual haría innecesaria una votación nominal.
“El consenso es importante porque ésta no es una
discusión política sino de principios”, dijo Tarre.
Tal como lo hiciera durante la Asamblea General que la
OEA celebró el mes pasado en Medellín, Colombia, la delegación uruguaya se
retiró de la sesión en protesta por la presencia de la delegación opositora
venezolana.
Otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se
pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Ninguna delegación propuso modificaciones al proyecto de
resolución.
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