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sábado, 6 de julio de 2019

Oposición pide reanudar diálogo con el régimen de Ortega.


La opositora Alianza Cívica (AC) de Nicaragua expresó su voluntad de reanudar el diálogo con el régimen de Daniel Ortega, suspendido desde el pasado 20 de mayo, y abogó por el reingreso de los organismos de derechos humanos internacionales a este país.

La posición de los opositores figura en una carta dirigida a Yolande Yvonne Smith, representante de Grenada y presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en su última asamblea general en Colombia dio a Ortega un plazo de 75 días para cumplir los acuerdos de la pasada negociación y retomar el diálogo.

En su resolución del 28 de junio en Medellín, la OEA decidió “instar a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el régimen de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados”.

“La Alianza Cívica acoge esta resolución como un paso positivo en la búsqueda de una solución a la actual crisis, en el marco de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”, destacó la carta de la AC.  “La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera su voluntad de diálogo”, agregó.

El organismo abandonó la negociación el 20 de mayo, tras la muerte en prisión de un detenido por razones políticas y las demoras en la liberación total de unas 700 personas consideradas reos de conciencia.

Los opositores también apoyaron el llamado de la OEA para el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otros organismos humanitarios, y la formación de una comisión de alto nivel que “realice las gestiones diplomáticas” para una solución pacífica de la crisis.

La AC acusó a Ortega de incumplir varios compromisos de la negociación, como la liberación “de 104 presos políticos de las cárceles y centros de detención gubernamentales” y la anulación definitiva de juicios a más de 600 excarcelados. El último grupo salió de prisión el 11 de junio.

Asimismo denunció la “continuidad de violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones ilegales, tratos inhumanos y degradantes, tortura, acoso a excarcelados y sus familiares, y supresión a la libertad de expresión, asociación, reunión y movilización que persiste en el país”.

Por lo anterior, es “impostergable la solución pacífica y democrática a la actual crisis” y “la puesta en marcha de reformas electorales que permitan reencauzar al país al orden democrático mediante elecciones justas, libres, transparentes y adelantadas”, indicó la AC.  La crisis en Nicaragua se inició con protestas sociales en abril de 2018 y dejó al menos 300 muertos, más de 2.000 heridos, unos 700 detenidos y decenas de miles de exiliados, según datos de la CIDH.

La Alianza Cívica arreció las presiones para que permita lo más pronto posible el regreso al país de las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, expulsadas por el gobierno de Daniel Ortega a finales del año pasado.

Instituciones internacionales vinculadas al tema también se unieron al coro que demanda el cumplimiento del punto 3 de la resolución aprobada por la 49ª. Asamblea General de la OEA celebrada en Medellín, Colombia, a finales del pasado mes.

El punto dice: "3. Insistir en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos".

Dos hechos han estimulado a la Alianza Cívica y organismos como la Asociación de Madres de Abril, AMA, y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, las invitaciones de los gobiernos de El Salvador y Venezuela para que la CIDH envíen misiones de evaluación del estado de los derechos humanos en esos países.

Adicionalmente, el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, OACNUDH, Michelle Bachelet, con su grave denuncia a lo que ocurre en Venezuela ha sido bien recibido en América Latina, sobre todo entre la prensa que la había criticado por su falta de condena a la crisis de derechos humanos en el país sudamericano.

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica, dijo que siguen analizando la posibilidad de retornar a la mesa pero que la respuesta estará lista hasta el próximo lunes.

Fuentes de la organización dijeron que siguen esperando la respuesta del gobierno a la resolución de la OEA y la liberación de aproximadamente 102 presos políticos, lista que aumentó con las recientes capturas de ciudadanos.

Aguerri confirmó que la cifra podría aumentar en la medida que se reportan más apresamientos. Dijo que el miércoles se reunieron con los familiares de los presos en un proceso en que "estamos recabando información que demuestre que son presos políticos".

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