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lunes, 15 de julio de 2019

Policia orteguista asedia piquete de protesta en las puertas de la CPDH.


Unas siete patrullas llenas de antimotines se apostaron en el costado sur de las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), luego que un grupo de jóvenes exigieran la liberación de sus compañeros María Ruiz Briceño, Juan Palacios, Erickson Pinell, secuestrados el pasado sábado 13 de julio por la Policía Orteguista (PO).

Los jóvenes realizaron un piquete exprés de apenas cinco minutos, sin embargo, la PO llegó después de finalizar la manifestación, con un fuerte despliegue policial para intimidar a los autoconvocados.

“Esto no puede seguir así. Es parte del asedio, la amenaza e intimidación, pero no nos van a intimidar. Vamos a seguir trabajando para que los nicaragüenses sigan denunciando las violaciones a los derechos humanos”, dijo Marcos Carmona, director de la CPDH.

Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido medidas provisionales para los trabajadores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por encontrarse en una “situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables en Nicaragua”.

El comunicado emitido por la CIDH  además enfatiza que ambas organizaciones nicaragüenses enfrentan una “serie de hostigamientos continuos a través de acciones directas del Estado o personas afines en contra de su organización” con el fin de “generar un contexto adverso para las labores de defensa de los derechos humanos”.

Entre las solicitudes de la CIDH a la Corte están adoptar inmediatamente las medidas de protección para los  integrantes del Cenidh y de CPDH y “asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones”.

Que el Estado garantice que las medidas de protección no sean brindadas por la Policía Orteguista (PO), involucrados en la denuncia, sino que la designación de las medidas se hagan con la participación de los beneficiarios, y reducir los efectos de la estigmatización pública del trabajo realizado por los afectados.

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