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lunes, 1 de julio de 2019

Reforma a Ley de la UAF arbitraria obliga a los abogados a labor policial advierte jurista Gabriel Álvarez.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - Gabriel Álvarez experto, abogado experto en derecho constitucional coincide con las precauciones y preocupaciones que suscita el proyecto de ley de reformas a la Ley Contra el Terrorismo y Lavado de Dinero, de la Unidad de Análisis Financiero –UAF- en donde lo primero que se puede apuntar en torno a esta ley, es que si algo hacía falta para mostrar el talante ya más que autoritario, de control absoluto del estado totalitario del régimen, es esta ley para llegar a los últimos resquicios, en donde puede meterse, introducir sus tentáculos para la recopilación, búsqueda, procesamiento de información, y que en realidad ya tiene.

“En realidad el estado ya tiene esta capacidad, porque los abogados realmente rinden informes al órgano competente para recibirlo, que es la Corte Suprema de Justicia, en donde se le envía a esta el índice anual del protocolo, en donde existe la información suficiente para que la Corte Suprema de Justicia, valore y controle en buen sentido el término de la actuación de los abogados y notarios, por tanto, en principio no queda muy claro cuál es este sentido de un control más allá de este control “absoluto” e ir avanzando, de ir rompiendo fronteras y llegar al último rincón de la sociedad civil nicaragüense en general”  advierte el experto en derecho constitucional, doctor Gabriel Álvarez.

El jurista advierte que esto pudiera chocar con algunos principios muy tradicionales en una sociedad democrática, por ejemplo, el principio de confidencialidad, en donde por ejemplo existe una de confidencialidad de odontología jurídica, hay compromisos y una relación del abogado con su cliente que puede estar sin ser menoscabada, al menos cuestionada y redimensionada, habrá que estar atentos, en esta normativa, para comprender bien el alcance que le pretende dar el gobierno, el experto constitucionalista doctor Gabriel Álvarez supone que habrá que espera, las normativas, que para su desarrollo emita próximamente la propia UAF.

Álvarez previene que como está expresada en su proyecto de ley estas normativas quedan muy amplias, lo cual daría una discrecionalidad de capacidad interpretativa que rayaría en la “arbitrariedad” es decir ahora los abogados van a ejercer “labor policial” lo cual no les corresponde, rechaza el doctor Álvarez. ¿Cómo nosotros vamos a estar determinando lo que sería una actuación sospechosa?  

Pregunta el experto en derecho constitucional, doctor Gabriel Álvarez, para luego responder, de que ellos los abogados, hacen sus actuaciones de diligencias de vida, que están comprometidos a ello, a lo que es la ética, y cuando los clientes, cuando les piden sus servicios, verifican, constatan y ejercen un control del cumplimiento de los requisitos legales que, en cada caso, en cada relación contractual, en cada trafico jurídico, se exige de parte de la ley, e incluso del sentido común.

El experto constitucional doctor Gabriel Álvarez, durante su participación en el estelar de la mañana Impacto 540, de Radio Corporación, con la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera, advierte que con este proyecto de ley de reformas de normativas de la UAF pareciera que están obligando a los abogados a realizar el trabajo de la policía, y eso francamente no les corresponde, a su criterio.

“En este momento lo que corresponde –advierte el jurista Gabriel Álvarez-  es estar un tanto alertas –los abogados y profesionales en general- estar preocupados, ver y considerar, cuáles van a ser las normativas de desarrollo de esta situación, en donde sí, yo puedo decir de una manera más contundente, es que el gobierno nicaragüense fortalece indiscutiblemente el extremo del control y la autoridad en detrimento del otro extremo de la relación que está implícita en la gestión de poder político que es la libertad, el estado constitucional, el estado democrático, en esa relación dialéctica entre autoridad y libertad, cuya regulación más ajustada a los principios generales del derecho y los intereses generales de la nación, en donde siempre se favorece la libertad, la autoridad y el control del estado, solo es admisible en aquellos casos, circunstancias, supuestos, en donde es claramente favorable a los intereses generales, este gobierno, con esta ley hace exactamente lo contrario” lamenta el jurista, doctor Gabriel Álvarez.

Para el experto en derecho constitucional el gobierno nicaragüense, con esta propuesta de reformas a normativas de la ley de la UAF va más allá de lo necesario desde el punto de vista de la libertad, en donde el gobierno se entromete, invade, por lo tanto, el cree que es muy importante esperar la normativa, pero admite entender que desde ya es razonable plantear la preocupación con el tono que corresponde a esta situación, tomando en cuenta el estado de crisis social y política que se vive en el país.

“El estado nicaragüense, claramente se ha convertido en un estado policiaco, en donde no se puede ejercer los derechos constitucionales de la manera que corresponde y que tenemos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, -agrega Álvarez-  por lo tanto, es normal, legitimo, natural, tener una” suspicacia” en cuanto a las legítimas aspiraciones de lucha y control en contra del crimen organizado, en contra del lavado de activos y otros delitos similares, sin embargo no es eso lo que el contexto político actual, ni la actuación, ya no solo de los últimos meses que ha sido exacerbada, sino incluso en los últimos diez años del gobierno”.
    
El experto en derecho constitucional doctor Gabriel Álvarez, refiere denotar, en estas primeras anotaciones respecto a esta propuesta de reformas a normativas de la ley de la UAF, en donde el gobierno invierte absolutamente, de una manera claramente irracional los principios de actuación que rigen a todos los estados democráticos, en donde hay aspectos que son públicos, como son los registros, que incluso se llaman así –registros públicos-  

El jurista Álvarez, recuerda que el gobierno privatizó el registro público, en donde ahora los nicaragüenses ya no pueden llegar a revisar los datos registrales y sin embargo quiere conocer aspectos que no tiene que conocer, y en donde además los abogados ya han notificado sus actuaciones notariales a la Corte Suprema de Justicia.

El experto en derecho constitucional admite tener que esperarse, una vez que se conozca y  el mismo pueda conocer a fondo esta ley de la UAF, conocer su reglamentación exacta, sus normativas, agregando atreverse a decir que él no recuerda haber provenido de los abogados o haya sido una recomendación, del gremio abogadil, en las evaluaciones país y que se le haya dicho que es una deficiencia que los abogados, no estén todavía dentro de los sujetos obligados, por esta ley, en donde si están los contadores públicos autorizados, el jurista doctor Gabriel Álvarez, admite no sería honesto, de su parte decir, que los abogados no deberían estar ahí bajo ninguna circunstancia, a lo mejor sí, habrá que analizarlo, bajo qué circunstancias, asevera el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Álvarez.

En la continuación de su intervención en Impacto 540, de Radio Corporación, el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Álvarez, se refiere ahora a la polémica recién amnistía aprobada unilateralmente por el régimen Ortega-Murillo y dice coincidir con los que opinan y por tanto el también opina de que Ortega ha venido “desmantelando” el estado de derecho prácticamente desde el primer día que llegó de nuevo al gobierno,, al poder político, desde el 10 de enero del año 2007, si pudiéramos recordar la serie de hechos y acontecimientos unos más graves que los otros que fue cometiendo en este proceso de desmantelamiento, que incluso inicia y podríamos llevarlo al pacto del año 2000, pero a partir del año 2007, este proceso de desmantelamiento, se profundiza y se agrava.

“Llegamos a tal magnitud de distorsión y descomposición de los principios que rigen los estados de derechos que, al momento de estallar la crisis del 18 de abril, Ortega se ve completamente solo y sin ningún instrumento para poder hacer frente a esta crisis, e introduzco estas para referirme a la serie de leyes y acciones que ha ejecutado, si bien yo creo que no deberían de ponderarse como leyes absolutamente nocivas, que es la percepción que yo tengo, la casi universalidad de sectores tanto dentro como fuera de Nicaragua, fueron muy críticos con esta ley de amnistía, no obstante si ponemos en primer lugar al ser humano al menos propició la excarcelación que no es liberación definitiva, resolviendo su estatus jurídico, que ya en días anteriores si empezaron a hacerlo, en donde ya vimos que algunos jueces comienzan a  aplicar la ley de amnistía, cerrando procesos judiciales” determina Álvarez. 

En torno a esto el experto –cierre de procesos judiciales a excarcelados- dice ver algunos aspectos positivos tuvo esa ley de amnistía, y por encima de todo lo demás el hecho de que hayan salido en libertad las personas que estaban injustamente y cruelmente encarceladas, pero faltan todavía que sean liberados otro buen número de presos políticos, lo que no se debe creer a su parecer es que eso de que desde su punto de vista es totalmente negativo, no debe considerarse bajo ningún punto de vista, sea suficiente, sino todo lo contrario, es solo un primer paso, que no es siquiera óptimo, pero que debe continuar con las resoluciones judiciales que le den plenas garantías jurídicas formal a todos los excarcelados.

“Aquí es importante decir que no importa que los excarcelados sepan que ellos, y ellos lo saben y todos los nicaragüenses lo sabemos, de que la inmensa mayoría de excarcelados son inocentes, -subraya Álvarez- agregando: “es tal vez es muy duro en los términos que me voy a expresar, y voy a tratar de hacerlo en los términos más claros, y es que lo que importa es que los excarcelados están sufriendo una situación jurídica que les afecta, y que debe resolverse, ya cuando haya condiciones políticas propicias a fondo, incluso ir a los conceptos de verdad, justicia, no repetición, reparación, entonces ahí se pondrán las cosas en su lugar, pero en estos momentos creo que los jueces deben seguir dictando las sentencias que cierren definitivamente los procesos, cancelar los antecedentes, los registros penales y cumplir lo que establece la ley de amnistía interpretada de conformidad con los principios y valores constitucionales y de conformidad a los instrumentos internacionales referidos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Nicaragua” detalla el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Alvarez.

Para el doctor Álvarez, en todo lo anterior no es posible, como algunos lo han querido hacer ver de que es posible jurídicamente, y también es repugnante políticamente interpretar esta ley de amnistía como una garantía jurídica de “auto amnistía” y el esto ha tratado de decirlo desde el primer día en que se aprobó, agregando, que ciertamente esta ley de amnistía está redactada en términos que al gobierno le interesa interpretar que van a estar auto amnistiados, pero eso no es admitirlo desde el punto de vista del derecho.

“Efectivamente el gobierno de Ortega, a través de esta amnistía querrá darle algunas garantías a su gente, algunos mensajes de seguridad a sus bases, pero lo cierto es que al final la operatividad y el alcance de la amnistía la va a determinar la actuación judicial, ahora y en el futuro, y por lo tanto lo que tienen que hacer los jueces ahora y en el futuro es rechazar cualquier capacidad interpretativa que conduzca a la auto amnistía o a la amnistía de crímenes de “lesa humanidad” por un lado y por otro lado cerrar, jurídicamente todas las situaciones procesales de los injustamente encarcelados y posteriormente excarcelados y yo creo que la ley da para esto” puntualiza el doctor Álvarez.

El doctor Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, concluye en esta amplia síntesis de su intervención en el estelar de la mañana Impacto 540, de Radio Corporación, que le ofrece en exclusiva el Servicio Nicaragüense de Noticias –SNN-  refiriéndose a las condicionalidades que impone esta ley de amnistía a los excarcelados, como es la situación, que determina que de volver estos a incurrir en el ejercicio de sus derechos constitucionales, serán de nuevo encarcelados, a lo que el experto en derecho constitucional determina que esto no tiene “validez jurídica” por atentar en contra de una garantía constitucional que es la figura de la amnistía, en donde la amnistía es perdón y olvido, y por lo tanto nuestro ordenamiento jurídico le permite a los jueces inaplicar al caso concreto aquellas disposiciones que contradigan la constitución de la república, por lo tanto todas las personas amnistiadas, excarceladas en las últimas semanas no pueden ni deben sentirse que están sujetos a esas condicionalidades, jurídicamente hablando no están sujetos a nada, y los jueces están obligados en su opinión so riesgo de cometer “prevaricato” están obligados a   declarar inaplicable las disposiciones de la ley de amnistía que desnaturalicen a la misma institución de la amnistía.

“No obstante sabemos que el poder judicial, es un poder del estado “politizado” pero yo estoy planteándolo en términos jurídicos, en términos jurídicos existe la herramienta técnica jurídica para hacerlo y, en cualquier caso, cuando repito que va a haber plena justicia en Nicaragua, o se va a empezar a trabajar para hacer que haya justicia plena en Nicaragua, una vez que las condiciones políticas institucionales lo permitan, finaliza afirmando el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Álvarez.







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