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lunes, 15 de julio de 2019

Régimen orteguista revisa personería jurídica de Cáritas de Nicaragua, la pastoral social de la Iglesia Católica.


El régimen de Daniel Ortega continúa asediando a las organizaciones no gubernamentales, que  ha calificado e como colaboradoras de un supuesto plan de golpe de Estado.

Esta vez, la dictadura apunta su represión contra Cáritas de Nicaragua, la pastoral social de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), al revisar desde el año pasado, los documentos contables de esa instancia caritativa.

Monseñor Carlos Enrique Herrera, Obispo de la Diócesis de Jinotega y presidente de Cáritas de Nicaragua,  dijo que primero había reportado un problema de  cancelación de la organización, pero luego aclaró que la personería estaba vigente, y que la organización lo que estaba enfrentando es un riguroso proceso de revisión, inédito en la historia de Cáritas.

“Desde el año pasado la están revisando y solamente nos dicen que están revisando, pero no nos dan una repuesta del porqué su decisión. Nunca habíamos tenido problemas con la institución en su aspecto legal”, expresó el religioso.

Mediante un comunicado de la vocería de Cáritas de Nicaragua, confirmó lo dicho por su titular y explican que la organización  “se encuentra funcionando de manera normal y seguimos contando con nuestra personería jurídica, (Arto. 24, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro). 

Sin embargo, reconocen que  “hasta el día de hoy el único trámite en revisión son nuestras constancias emitidas por el Ministerio de Gobernación, mismas que avalan la documentación administrativa de la institución ( actas de junta directiva, libros contables y donaciones recibidas)”.

No obstante, monseñor Herrera recordó que el régimen públicamente ha expresado su rechazo en contra de la iglesia católica, luego que éstos, participaron como mediadores y testigos del diálogo de mayo de 2018.

“Ellos (el régimen orteguista) han dicho públicamente como que nosotros estamos en contra de ellos, y no sé porque manifiestan eso”, aseguró Herrera.

Desde hace años el régimen orteguista viene socavando la labor social de Cáritas, con la retención de contenedores que contienen ayudas que los cooperantes internacionales mandan a esa institución benéfica para realizar sus proyectos sociales.

“Nosotros vamos a seguir gestionando la personería jurídica, porque mucha gente depende de la ayuda de Cáritas. Esperamos una repuesta del gobierno para que podamos seguir trabajando con normalidad”, aseguró el religioso.  El 19 de julio de 2018, el dictador Daniel Ortega, en plaza pública, atacó a los obispos,a  quienes señaló de estar detrás de un supuesto golpe de Estado.

En realidad, los obispos, desde su posición de mediadores habían propuesto a Ortega un adelanto de elecciones para buscar una salida a la crisis, dado, que la demanda de la población en las calles, el año pasado, era que Ortega abandonara el poder.

“No acaban de entender que una mediación es para sentar a las dos partes y escucharlas y no tomar partido el mediador y decir: se tiene que hacer esto, en tantos días, en una semana: un golpe de Estado querían provocar en Nicaragua”, dijo Ortega, quien descalificó las protestas sociales como acciones terroristas, y llamó a los estudiantes y manifestantes como “sectas satánicas”.

“Fueron sacando las uñas… se fueron quitando las máscaras y terminaron diciendo tiene que irse ya, tiene que irse ya. Y lo dijeron, lógicamente nuestros adversarios”, dijo Ortega, en una furibunda reacción contra los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que participaron en la Mesa del Diálogo Nacional, el año pasado.

Desde que los Obispos de la Conferencia Episcopal, participaron como mediadores de la crisis sociopolítica el año pasado han sufrido agresiones, persecuciones y campañas difamatorias por parte del régimen y sus fanáticos.

Lo alarmante de la situación es que el régimen inició de esta forma el asedio contra Hagamos Democracia, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Po Pol Na, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), a quienes finalmente les cancelaron la personería jurídica.



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