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jueves, 15 de agosto de 2019

Abogados descubren la ilegalidad de la nacionalización del ex presidente Funes.


El bufete de abogados "Defensores del Pueblo" presentó un recurso por inconstitucionalidad en contra del Estado de Nicaragua por otorgar la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a su compañera y dos hijos, porque no cumplen con los requisitos establecidos en la ley correspondiente.

El licenciado Julio Montenegro, líder del grupo de abogados, dijo la resolución dictada por el Ejecutivo viola "los principios de justicia y derecho, consignados en la Constitución Política de Nicaragua" y la Ley de Migración y Extranjería.  

Montenegro afirmó que el recurso busca " demandar al Estado para que cumpla con los requisitos y mandamientos que la ley establece", y que revoque los decretos de nacionalización.

José Antonio López, mimbro del Bufete, dijo que Funes no cumple con los requisitos para optar a la nacionalidad nicaragüense porque uno de los requisitos es que el solicitante no tenga cuentas pendientes con la justicia en otros países, así como haber vivido en Nicaragua al menos durante tres años como residente temporal y otros cuatro como residente permanente, es decir, Funes tendría que haber vivido siete años al menos en el país como residente temporal y permanente.

Dijo que Funes llegó al país en 2016 y recibió asilo político el dos de septiembre, un día después de haberlo solicitado, y diez meses más tarde pasó a ser ciudadano nicaragüense. De acuerdo con López, el expresidente Funes solamente podía optar a la nacionalidad nicaragüense en septiembre de 2023, siempre que no estuviera huyendo de la justicia salvadoreña.

El expresidente Mauricio Funes no reúne los requisitos del artículo 8 de la Ley 149, aseguró el bufete de abogados Defensores del Pueblo. Este artículo establece que: "Podrán nacionalizarse con dos años de residencia permanente en Nicaragua los extranjeros que además de cumplir con los requisitos de los incisos b, c y d, del artículo 7 fueren: a) Naturales de España o nacionales de los Estados que adopten el principio de reciprocidad".

Según los defensores, Funes no era residente sino que un asilado, otorgado por el régimen de Daniel Ortega.  Montenegro dice que todo el proceso, desde el otorgamiento de asilo político a Funes Cartagena en septiembre del 2016 de forma expedita hasta su pretendida nacionalización es arbitrario, ilegal y viciado.

El colega de Montenegro, José López, explicó que por eso recurrieron de nulidad del acto ante la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua. El proceso también ha sido descrito como "anómalo" por la organización de abogados Acción Penal  ya que no cumple con los requisitos que exige la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería nicaragüense.  

Según Acción Penal, Funes necesitaba cumplir un periodo de dos años como ciudadano residente en Nicaragua, pero todo el tiempo que ha permanecido en el país Funes ha estado como asilado político.

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