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viernes, 30 de agosto de 2019

Defensa denuncian irregularidades en juicio contra la abogada María Oviedo.


El fallo de culpabilidad en contra de la abogada María Oviedo, defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por los delitos de obstrucción de funciones en perjuicio del teniente de la Policía, Óscar López, jefe de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM), de Masaya, confirma la instrumentalización de la dictadura de Daniel Ortega en este poder del Estado y la criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos en el país, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

La también defensora de la CPDH Leyla Prado, quien se constituyó en la abogada de Oviedo en el juicio, explicó que el proceso estuvo plagado de irregularidades, nulidades y muchos vicios y desigualdades. Agregó que la jueza Nalía Úbeda, del Juzgado Tercero Local Penal, resaltó en todo momento los argumentos de la Fiscalía y minimizó las deficiencias de la misma.

“Nuestra ley dice que los jueces se deben subordinar a la Constitución y las leyes. No deben intervenir, suplir o colaborar con ninguna de las partes. Se supone que los jueces están para impartir justicia y no para hacer el trabajo del Ministerio Público, tal y como sucedió en este caso”, aseguró Prado.

La abogada Oviedo fue arrestada el 26 de julio en Masaya, luego de que le diera una bofetada al teniente López, quien además de negarle la entrega de unos documentos que pertenecían a su defendido, la empujó, insultó e intentó tocarla lascivamente durante esa visita realizada a la delegación de esa ciudad.

“Nos agredieron tan fuerte que yo le tuve que decir a Cristian: ‘vámonos’. Después me regresé a traer los documentos que se nos estaban quedando y el oficial me dice ‘¿cuáles documentos?’, yo le digo ‘esos que están en el escritorio’ y me dice ‘de aquí no vas a sacar nada’ y me comenzó a sacar a empujones. Yo sentí que me estaba faltando el respeto y en un acto defensivo le di una bofetada porque no voy a permitir que me vaya agredir de esa forma”, argumentó Oviedo.

Sin embargo, la acusación de la Fiscalía no menciona ni una sola palabra sobre el abuso de la autoridad policial. Contrario a eso, el documento señala que fue la abogada la única que incurrió en el delito de obstrucción de funciones. La sentencia, que será leída el dos de septiembre, puede imponer una pena de uno a cuatro años de prisión.

Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, expresó que con este fallo queda en evidencia que la justicia que tenemos en Nicaragua no responde a los intereses del pueblo, sino a los de un partido político. 

Agregó que con esta condena se demuestra la acción represiva que existe de parte de los funcionarios, quienes solo saben “mentir, oprimir y servir como títeres” del Frente Sandinista. 

“Sentimos que es un mensaje a los abogados porque al final lo que se pretende es que no haya defensa permanente a personas que están siendo víctimas de este Gobierno que sigue reprimiendo al pueblo de Nicaragua.

Pero nosotros vamos a seguir documentando todas las violaciones al debido proceso de la doctora Oviedo. Y esperemos que el dos de septiembre haya una sentencia que al menos mantenga las medidas cautelares”, refirió Carmona.

La doctora Prado explicó que el proceso en contra de la abogada Oviedo fue bastante rápido. Parecía, según la defensora, que había una prisa por condenarla y esto se evidencia en la programación de las audiencias y en la nula recepción de petición de una valoración médica para la acusada de parte de la jueza.

“Cuando la defensa observó los moretones en las manos y cuello productos de golpes que le dieron las oficiales, que en el juicio dijeron que eran técnicas de reducción, se le pidió a la juez que mandara a valorar a mi representada, no obstante, ese oficio jamás fue admitido”, señaló Prado.

La abogada señaló que cuando realizaba preguntas a los oficiales que llegaron a testificar en el juicio, estos antes de responder volteaban su mirada a la jueza como esperando un permiso para poder desarrollar sus ideas.

“Tantas veces lo hicieron que en varios momentos tuve que decirles, porque la juez nunca moderó el debate, que era a la defensa que tenía que voltear a ver. Uno de los policías le preguntó a la jueza si me volvía a ver a mí o a ella. La jueza le respondió ‘haga lo que usted crea pertinente’. Entonces él volteó la silla y cruzó los brazos”, narró.

De igual forma el equipo de la CPDH cuestionó que todas las audiencias “fueron en secreto” y no permitieron la entrada a los medios de comunicación. Únicamente los que estaban en la sala, además del aparato judicial controlado por el Gobierno, eran Prado, Oviedo y su esposo, Baltazar Arévalo.

“La Fiscalía estuvo supervisada en todo momento por la fiscal Lilian Sosa, que filmó y grabó todo el desarrollo del juicio. Mientras ella hacía eso, a nosotros se nos obligó a apagar nuestros celulares. Había un ambiente de hostilidad y desigualdad”, reveló Prado.

Al finalizar el juicio, después de doce horas, la Fiscalía pidió a la juez la pena máxima, sin brindar un solo argumento. Prado explicó que un motivo para realizar esta solicitud a la judicial podría ser la reincidencia, sin embargo, argumentó que el Ministerio Público no podría probar este aspecto puesto que su cliente no ha cometido este tipo de acciones en el pasado.

Por su parte, la Unidad Médica Nicaragüense, se solidariza con la Defensora de Derechos Humanos, Dra. María Oviedo de la CPDH. Esta acción de criminalizar, judicializar y Condenar el derecho y el deber de defender los Derechos Humanos de los nicaragüenses es una nueva fase de la represión que ejerce el Gobierno de Daniel Ortega Saavedra contra el pueblo de Nicaragua. 

Exigimos su liberación, así como de todos los presos políticos. En UMN refrendamos nuestro compromiso en defensa de la salud de todos los nicaragüenses y apoyamos la vía cívica, no violenta para solucionar la crisis político social.

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