Caracas Venezuela / EFE - Esta semana el presidente Donald
Trump aumentó la presión contra el régimen de Nicolás Maduro al firmar una
orden ejecutiva, nunca antes aplicada a naciones occidentales, según la cual se
congelan los activos del régimen en territorio estadounidense y además prohíbe
a empresas de EEUU y de otros países hacer negocios con la dictadura
venezolana.
Esta orden trajo muchas interrogantes dentro y fuera de
la nación caribeña, por lo que expertos y autoridades han asegurado que la
misma busca presionar aún más a la dictadura, debido a que en esta oportunidad
no va contra personas específicas del régimen sino contra todo el gobierno
chavista.
La orden está a la par con las estrictas sanciones de
Washington a países como Corea del Norte, Irán y Cuba, pero en esta oportunidad
la Casa Blanca manifestó su decisión de proteger a los venezolanos que sufren
una difícil crisis alimentaria y de salud, por lo que dejó abierta la
posibilidad de que el golpeado sector privado continúe trabajando en la fracturada
y afectada economía nacional.
Mientras la orden busca cercar a Maduro, ofrece un
espaldarazo al presidente encargado Juan Guaidó, apoyo que fue inmediatamente
ratificado por el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, en un encuentro
celebrado en Lima ante representantes de los más de 50 países que apoyan al
gobierno interino, donde aseguró que Juan Guaidó es el “hombre en el terreno de
juego”.
"Como dijo Roosevelt: No es el crítico el que cuenta
(...) el crédito lo tienen los que están en la arena, cuya cara esta manchada
de sangre y tierra” acotó Bolton a la vez que advirtió que aquellos que hagan
negocios con el gobierno venezolano estarán vetados en Estados Unidos.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien
la próxima semana cumple siete meses en una intensa lucha para acabar con la
usurpación de la presidencia en Venezuela, aseguró que con dicha orden la
Corporación petrolera CITGO, y “todos sus activos están protegidos”.
Aclaró que
con estas nuevas sanciones “toda persona, compañía, institución o nación que
pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia
internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de
sanción y cómplice de crímenes que no prescriben”.
Ante las dudas generadas en la población civil venezolana
por el alcance de la orden ejecutiva y si de alguna manera podría afectar la
cotidianidad de sus vidas, el embajador de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio,
aseguró que la medida apunta al régimen y no a los venezolanos, debido a que
protege los activos de la nación de las prácticas corruptas de la dictadura que
gobierna Venezuela.
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