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martes, 10 de septiembre de 2019

Bachelet contundente. Defiende informe y acusa al gobierno de Ortega.


La jefa de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, La jefa de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó y defendió ante los alegatos de los representantes del gobierno de Daniel Ortega, de Venezuela y Bolivia, el informe que denuncia que las violaciones de los derechos humanos y la represión de las libertades fundamentales en Nicaragua continúan un año después de que una violenta represión contra la disidencia mató a más de 300 manifestantes e hirió a más de 2 mil.

Michelle Bachelet informó al Consejo de Derechos Humanos de Europa, que el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido desde finales de febrero, cuando el gobierno y la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia reanudaron su diálogo.

A pesar de esto, señala que la crisis de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo grave. Indica que los homicidios de las fuerzas de seguridad continúan. Continúan los actos de tortura y maltrato de los manifestantes detenidos. El espacio cívico en Nicaragua se ha reducido significativamente.

"La libertad de expresión se ha restringido a través de acciones que van desde el cierre de fuentes de prensa y la incautación de sus equipos y bienes hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales durante meses. 

También se han realizado arrestos arbitrarios por el simple acto de enarbolar una bandera nicaragüense o cantando el himno nacional en el espacio público", indicó Bachelet.

Bachelet dice que las personas no pueden ejercer su derecho a la reunión pacífica y la libertad de asociación. Agrega que los defensores de los derechos humanos, los líderes indígenas y afrodescendientes que critican al gobierno son acosados, estigmatizados y amenazados por la policía.

Bachelet, denunció que su oficina cuenta con "información corroborada" sobre homicidios e intentos de homicidios -entre junio y julio pasados- a personas que se manifestaron contra el gobierno de Nicaragua.

Según detalló Bachelet, en la presentación ante el Consejo de DD.HH de la ONU, estos hechos habrían ocurrido en el departamento de Jinotega -en la frontera con Honduras- y en "al menos tres casos, dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018".

El documento, sin embargo, fue hecho público el pasado viernes y Bachelet lo mencionó hoy en una sesión en la que también Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.

Con respecto a los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al gobierno de nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.

Aludiendo a la versión escrita del informe, la Alta Comisionada agregó que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.

Como puntos destacados de su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.

Mientras que la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola dice que un clima de miedo invade el país. Según indica la represión estatal se extiende a la persecución de celebraciones religiosas y amenazas contra ciertos líderes de la iglesia católica.

"Los juicios contra miembros de la oposición sin garantías del debido proceso e imposición de un estado policial. Cualquier voz disidente u oposición al gobierno actual es hostigada, perseguida o atacada por agentes estatales ... La impunidad por actos graves continúa", indicó Urrejola.

El asesor del presidente de Nicaragua, el ministro Valdrack Ludwing Whitaker, refuta los hallazgos del Alto Comisionado y dice que carecen de veracidad y credibilidad.

"En todo el informe, hay una omisión deliberada de los actos de terrorismo, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, robos con intimidación, incendio provocado, extorsión, otros delitos de delincuencia organizada con la utilización de armas de todo tipo, incluidas las armas de fuego perpetradas por supuestos manifestantes pacíficos", señaló Whitaker.

Más de 83.000 manifestantes han sido forzados al exilio desde el comienzo de la crisis. Los activistas instan a la comunidad internacional a mantener la vigilancia sobre Nicaragua y presionar al Gobierno para que gobierne de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

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