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lunes, 9 de septiembre de 2019

Bachelet denuncia más casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas en Venezuela.


Ginebra Suiza / Euro Press - La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo severas críticas al régimen de Nicolás Maduro durante un actualización oral de la situación en Venezuela, en la que aseguró que su oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales; resaltó el deterioro económico vivido en el país en los últimos meses y denunció la grave situación que viven los indígenas pemones, a la vez que exhortó al régimen y a la oposición a retomar las negociaciones para superar la crisis política y de Derechos Humanos en el país que, según ha explicado, ha empeorado.

“La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales” ha dicho Bachelet en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo del arranque de la 42ª sesión.

Recalcó que en Venezuela el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Explicó que una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. 

“La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación”.

"Desde la presentación de mi informe (...), la situación de Derechos Humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región", ha lamentado y ha ratificado su voluntad de "seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de Derechos Humanos".

En concreto, ha expresado su preocupación por las "descalificaciones públicas y amenazas" que han recibido algunas organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en la preparación de dicho informe. "Las represalias por haber cooperado con Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención", ha declarado.

Aseguró que el régimen ha excarcelado a 83 personas, "incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria", aunque ha recordado que queda pendiente la "liberación plena" de la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, que han salido de prisión pero con medidas parciales. La ONU también ha remitido a las 3222autoridades venezolanas otros siete "casos prioritarios".

Sin embargo, la oficina de Bachelet documentado "casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares". A este respecto ha recordado el caso del capitán Rafael Acosta, fallecido bajo custodia el 29 de junio. La autopsia reveló que "había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras".

La jefa de Derechos Humanos ha denunciado el persistente uso de la justicia militar contra civiles y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ejecutada por la Asamblea Constituyente, de arrebatar la inmunidad a 25 diputados opositores de la Asamblea Nacional, dos de los cuales están detenidos a la espera de juicio.

Bachelet ha llamado igualmente la atención sobre casos documentados de "posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES)". La ONG local Monitor de Víctimas denunció que solo durante el mes de julio en Caracas se habrían registrado 57 nuevos casos.

"Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres", y, lejos de disolver a las FAES, tal y como recomendó la ONU, "han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno".

La antigua mandataria ha valorado que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, se han emitido condenas contra 104 miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones de los Derechos Humanos, pero ha pedido "agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas".

Por otro lado, ha apuntado que "la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas".

Bachelet ha explicado que la economía venezolana "atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región", lo cual afecta a "la capacidad de compra de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales".

A día de hoy, ha precisado, el salario mínimo equivale a dos dólares mensuales, por los que las familias necesitan 41 salarios mínimos al mes para llenar la cesta de la compra. Cáritas registró un 35 por ciento de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años atendidos en junio en las zonas más pobres de 18 estados venezolanos, ha apostillado.

A ello se suma que "los servicios públicos han seguido presentando fallos graves y recurrentes". Bachelet ha hecho énfasis en "el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento" que padecen más de 400.000 con enfermedades crónicas. En los últimos meses, al menos cuatro niños habrían fallecido a la espera de viajar al extranjero para recibir un trasplante.

En este contexto, Bachelet ha expresado su preocupación "por el impacto potencialmente severo en los Derechos Humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos", a pesar de las excepciones contempladas en materia de asistencia humanitaria.

"El escrutinio estricto del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas", ha advertido.

Bachelet también ha querido recordar que hay más de cuatro millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo y, aunque ha celebrado los esfuerzos de acogida por parte de los países vecinos, ha subrayado "la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular".

La Alta Comisionada ha incidido en que "las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que puedan incrementar la migración irregular y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación".

A este respecto, ha denunciado "casos de migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados", y la desaparición de decenas de migrantes en el Caribe "aparentemente relacionada con redes de trata".

Asimismo, ha expresado su preocupación por "los informes de brotes de xenofobia en países de la región" y ha vuelto a pedir a las autoridades de los países de acogida que tomen medidas para "mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas".

Bachelet manifestó preocupación por el “aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana”.

Destacó que además es preocupante también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. 

“ A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados. “.

Reiteró su llamado al régimen y a la oposición a superar sus diferencias y a dar prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación. “Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional está impulsando”.

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