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miércoles, 11 de septiembre de 2019

Cúpula empresarial de Nicaragua insistió en celebrar elecciones anticipadas como una salida "cívica y pacífica".


La cúpula empresarial de Nicaragua insistió  en celebrar elecciones anticipadas como una salida "cívica y pacífica" a la crisis política que afecta el país desde hace más de un año. "Estamos apostando a una salida cívica y pacífica a través de los votos", dijo en conferencia de prensa José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de Empresa Privada (COSEP).

"En esta propuesta hablamos de unirnos" como nación porque "sin un acuerdo, la crisis va a seguir profundizándose", señaló Aguerri. El líder empresarial aseguró que el sector privado ha sufrido diferentes formas de represión de parte del gobierno de Daniel Ortega y sus seguidores, como la toma de tierras, bloqueo a importaciones y embargos a empresas.

El pasado sábado, Aguerri fue detenido brevemente por la policía, mientras simpatizantes del gobierno aprovecharon para apedrear el vehículo en que viajaba.

La propuesta empresarial para salir de la crisis tiene como punto de partida la celebración de "elecciones anticipadas, libres, transparentes y observadas", explicó Aguerri. Además comprende temas de cultura democrática, estado de derecho, respeto a los derechos humanos, desarrollo sostenible y reactivación económica.

La crisis "ha tenido un impacto de 2.457 millones de dólares" en pérdidas económicas, dijo Aguerri, quien urgió a buscar un consenso para la reactivación. "Queremos hacer entender que el país necesita este acuerdo para poder reactivar la economía", expresó el líder empresarial, y advirtió que sin ese consenso habrá más retroceso.

El dirigente mencionó que a finales de septiembre llegará a Nicaragua una misión del Fondo Monetario Internacional, que podría dar pautas a los sectores económicos sobre algunos indicadores que el gobierno no ha publicado.

Directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunciaron este miércoles a la Policía de Nicaragua ante el Ministerio Público, por haber permitido un atentado en su contra, ejecutado el sábado por simpatizantes del presidente Daniel Ortega, según la agencia EFE.

"Hoy hemos introducido una denuncia ante el Ministerio Público de la ciudad de León, este atentado que hubo contra la integridad física de nuestras personas, con la permisividad que se dio por las autoridades, para que nos hicieran daños", dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

La denuncia fue presentada por un abogado en representación de los afectados. Sobre la supuesta parcialidad de las instituciones del Estado a favor de los paramilitares, el presidente del Cosep afirmó que "correspondería al Ministerio Público abrir una investigación al respecto".

El Cosep presentó su propuesta como un compendio de 15 razones para que los diversos sectores de la sociedad nicaragüense alcancen la unidad, frente al Gobierno del presidente Daniel Ortega, que consideran no favorece el desarrollo de Nicaragua tras más de 12 años consecutivos en el poder.

Los empresarios destacaron la democracia como la primera razón de la unidad, seguida por el objetivo de tener "elecciones anticipadas, libres, transparentes y observadas".

Como tercer punto reclamaron una "nueva cultura democrática", sumaron la recuperación de la institucionalidad democrática, y el respeto al Estado de Derecho.

Los siguientes cuatro puntos consistieron en "la defensa de todos nuestros derechos", exigir el cumplimiento de los acuerdos ya firmados con el Gobierno para superar la crisis, hacer prevalecer la justicia y el respeto de los derechos humanos, buscar el desarrollo sostenible, así como la seguridad jurídica y ciudadana.

Los últimos puntos justificaron la unidad en la reactivación económica, la búsqueda de un Estado facilitador y moderno, la igualdad, la equidad y la tolerancia, la educación, y finalmente un acuerdo de nación.

"No es suficiente tener seguridad y progreso si no hay justicia y democracia, pero también, no es suficiente que haya justicia y democracia y que no haya seguridad y progreso", afirmó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, en conferencia de prensa.

La propuesta de 15 puntos tiene como objetivo restablecer la democracia, la justicia, la seguridad y el progreso en el país.

I- La democracia es esencial para retomar el desarrollo social, político y económico de nuestro país. Los cambios estructurales que requerimos como nación, deben lograrse bajo las reglas y procedimientos propios de un Estado democrático de Derecho.

El compromiso del sector privado es contribuir a la consolidación de la democracia, el retomar el camino de la prosperidad del país y se alcance justicia y  Seguridad para todos los nicaragüenses.

II- Elecciones anticipadas, libres, transparentes y observadas

El acceso al poder y su ejercicio debe realizarse con sujeción a la Constitución Política y las leyes, que permitan la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, observadas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Debe fortalecerse el régimen plural de partidos y organizaciones políticas.

Es indispensable para la superación de la actual crisis sociopolítica, la implementación de reformas electorales que permitan anticipar las elecciones y que sea a través del voto popular que se decida el futuro del país.
III- Por una nueva cultura democrática.

Desde el sector privado debemos contribuir al restablecimiento del sistema democrático nicaragüense, incidiendo en aspectos que mejoren la participación ciudadana en los procesos electorales y reducir el abstencionismo.

Para ello es necesario fortalecer los valores de la cultura política democrática, por medio de la educación cívica electoral y el involucramiento de todos en la supervisión de las elecciones como un aporte a su transparencia.

Resulta necesario trabajar en la creación de una plataforma ciudadana como instrumento cívico para mejorar la cultura democrática y garantizar la participación ciudadana en los procesos electorales y lograr la solución política a la crisis.

IV- Por la institucionalidad democrática.  Es indispensable la construcción de un sistema democrático fundado en la separación, independencia y modernización de los Poderes de Estado, para lo cual deben nombrarse funcionarios ajenos a intereses e intervención político partidaria y al flagelo del nepotismo y la corrupción.

Es necesario que se nombren funcionarios públicos acordes con los requisitos de idoneidad profesional, ética y moral que exigen sus cargos y conforme los procedimientos que establece la Constitución Política y las Leyes.

V- Por el respeto al estado de derecho.

Es fundamental la subordinación de todas las instituciones y funcionarios del Estado a la Constitución Política y a la Ley, así como determinante para la estabilidad política y social, el sometimiento de las autoridades militares y policiales a la autoridad civil y el desarme total de los grupos armados parapoliciales.

Requerimos de instituciones públicas y funcionarios de carácter profesional, apartidistas y apolíticos.

VI- Es básico el respeto de los derechos políticos, sociales, laborales y culturales de todos los nicaragüenses, por lo que debemos trabajar por el restablecimiento efectivo de todos nuestros derechos constitucionales y el ejercicio efectivo de las libertades.

VII- Por la defensa de todos nuestros derechos.

La crisis sociopolítica que enfrenta el país estableció como prioridades resolver en la mesa de negociación la liberación definitiva de todos los presos políticos, así como el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas de los nicaragüenses.
El Gobierno tiene la obligación y responsabilidad política de cumplir con los acuerdos suscritos el 27 y 29 de marzo del 2019. Debe cesar el estado policial.

VIII- Para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

No debe seguirse utilizando el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

La edificación de una nueva Nicaragua debe hacerse bajo principios de justicia, verdad, reparación y no repetición, con tutela y respeto absoluto de los derechos humanos.

IX- Por la justicia y el respeto de los derechos humanos.

El impulso de un modelo de desarrollo económico, equitativo y sostenible, debe sustentarse en el rol protagónico de la empresa privada, que promueva la libre empresa, el pleno ejercicio de las actividades económicas, la inversión, la propiedad privada y el bienestar social; enfatizando en el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza.

X- Por el desarrollo sostenible.

El país enfrenta un clima de inseguridad jurídica para los ciudadanos, las empresas y los inversores, por cuanto el Estado y sus funcionarios actúan al margen de la ley y por instrucciones e intereses partidarios.

Es indispensable que el Estado brinde a toda plena seguridad jurídica, no sólo a sus partidarios.

A todos los ciudadanos se nos debe garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como la protección policial y nuestros derechos fundamentales sin distinción alguna. Debe garantizarse por el Estado un retorno seguro con garantías a todos los exiliados.

También es fundamental, garantizar el pleno ejercicio de las actividades económicas en igualdad de condiciones; a las empresas y a los inversores no se les deben cambiar las reglas del juego en forma discrecional y arbitraria. Debe garantizarse la transparencia, la certidumbre y el respeto de la propiedad privada.

XI- Por la reactivación económica:

Debemos priorizar el consenso nacional sobre un plan de reactivación económica que se sustente en la recuperación y sostenibilidad del empleo, a través de la mejora de la imagen país, la promoción de la inversión nacional y extranjera y el retorno de la cooperación externa, que permita, una vez alcanzado el acuerdo político, recuperar la confianza de los diferentes actores económicos y retomar la senda del crecimiento.

XII- Por un estado facilitador y moderno

Es indispensable la transparencia de las actividades gubernamentales, la eficiencia en la gestión y manejo de los bienes públicos, la reducción de la burocracia estatal no productiva que permita mejorar la funcionalidad de las instituciones públicas, simplificando los trámites y facilitando el desempeño de la actividad empresarial y los servicios públicos en beneficio de la población.

XIII- Por la igualdad, la equidad y la tolerancia.  

Es impostergable la eliminación de toda forma de discriminación ya sea por género, etnia, raza, idioma o religión y las diversas formas de intolerancia que permita contribuir a reducir la desigualdad e inequidad social.

En nuestra realidad social y política también es fundamental desterrar la cultura del odio, la intolerancia entre nicaragüenses, eliminar la promoción gubernamental de la violencia y las campañas de estigmatización en redes sociales.

XIV- Por la educación

Es necesario priorizar la educación para mejorar a futuro la calidad de vida de los nicaragüenses. La educación es clave para fortalecer las instituciones y valores democráticos y promover el desarrollo del potencial humano, con especial atención en los jóvenes que son el futuro de nuestra nación.

Debemos establecer una Alianza por la Educación que nos permita trabajar desde la educación primaria para crear conciencia cívica e igualar oportunidades, en la educación técnica para atraer inversiones de mayor valor agregado y en la educación superior para fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico.

XV- Por un acuerdo de nación

Sin un acuerdo político no hay solución a la crisis. Urge una solución negociada antes que la crisis sociopolítica y sus efectos económicos se profundicen aún más en detrimento de todos los nicaragüenses.

El respaldo e impulso de un proceso de transición democrática, debe estar basado en el diálogo amplio e incluyente, que permita el consenso para la elaboración e implementación de un Acuerdo de Nación que nos permita una nueva oportunidad para resurgir como país.

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