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martes, 24 de septiembre de 2019

Feministas nicaragüenses denuncian persecución política.


Las 79 organizaciones, redes y movimientos feministas y de mujeres abajo firmantes denunciamos la existencia en Nicaragua de una situación de persecución política y hostigamiento contra las mujeres presas políticas excarceladas en el marco de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018. 

Dicha situación se concreta a través de la vulneración sistemática de sus derechos políticos, económicos y sociales por parte de instituciones del Estado y ataques de diversa índole perpetrados tanto por funcionarios públicos como por personas afines al Gobierno. Entre los ataques y vulneraciones más frecuentes que las excarceladas y sus familiares han denunciado destacan:  Vigilancias, hostigamientos y robos en los domicilios. 

Policías uniformados o vestidos de civil, paramilitares, vecinos y simpatizantes del gobierno o integrantes de la Juventud  Sandinista y de los Consejos de Poder Ciudadano llevan a cabo actos de vigilancia, allanamiento, intimidación, amenazas y hostigamiento contra las excarceladas y sus familias, los cuales se intensifican coincidiendo con la convocatoria de concentraciones y otros actos de protesta.  Amenazas telefónicas y hostigamientos en redes sociales. 

Son reiteradas las amenazas de muerte que reciben las excarceladas tanto por vía telefónica como a través de redes sociales.  Negación a acceso a servicios de salud o educación para ellas y sus hijos e hijas.
         
Retardo y negación en trámites administrativos. Las excarceladas han denunciado que cuando tienen que hacer algún trámite administrativo los funcionarios no las atienden o les dificultan y retrasan los trámites, ello incluye trámites importantes como obtener identificación, inscribirse en la universidad o solicitar un expediente académico.        

Al robo y pérdida de bienes sufridos por muchas excarceladas durante los allanamientos y los procesos judiciales enfrentados, se suma que         muchas de ellas han sido despedidas de sus empleos (algunos de ellos en la administración pública, sin recibir ninguna compensación ni salarios atrasados) y la dificultad para encontrar nuevos trabajos. 

Muchas otras se han visto obligadas a cerrar sus pequeños negocios familiares debido a las amenazas, robos y hostigamientos que han enfrentando de manera reiterada.    

Ataques a las familias. Las excarceladas son frecuentemente atacadas a través de sus familiares, quienes son objeto de amenazas. Las hijas e hijos de las excarceladas están siendo hostigadas y agredidas por paramilitares e integrantes de las Juventudes Sandinistas en los centros educativos a los que asisten; sus expedientes académicos y notas son borrados y, aunque tengan derecho a ello, no les dan plaza ni las atienden en la universidad. También hay familiares a los que han extorsionados y amenazado con perder sus trabajos si no colaboran dando información sobre las actividades de la excarcelada. 

A todo ello se suma el hecho de que la falta de certeza respecto de su situación jurídica permite que las presas políticas excarceladas vivan en una permanente situación de inseguridad y sujetas a la arbitrariedad de los operadores de un sistema de justicia marcado por su falta de independencia respecto del poder ejecutivo; haciéndose posible la continuidad de los procesos judiciales en su contra, e incluso nuevas privaciones de libertad.

Una situación como la descrita pone a las mujeres presas políticas excarceladas en una posición de extrema vulnerabilidad y de gravísima violación a los derechos que les reconocen las normas nacionales y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Además, las somete a profundas afectaciones personales, físicas, emocionales, psicológicas y económicas insostenibles tanto para ellas como para sus familias. 

La apariencia de normalidad y resolución de la crisis que pretende ofrecer el Gobierno de Nicaragua frente a la comunidad internacional se ve claramente confrontada por una realidad marcada por la existencia de personas presas políticas (las que siguieron privadas de libertad tras las excarcelaciones derivadas de la amnistía y las que fueron detenidas arbitrariamente tras las excarcelaciones masivas, como es el caso de María Guadalupe Ruiz Briceño), la continuidad en la criminalización, intimidación y hostigamiento de las presas políticas excarceladas a través de actos como los señalados y la ausencia de garantías para el regreso de quienes se encuentran en el exilio.

Lo descrito responde a una estrategia de persecución política planificada desde el Gobierno que tiene como objetivo castigar e inhibir la protesta social y los movimientos de oposición, impedir el acceso a la justicia y la reparación a las múltiples víctimas de violaciones a derechos humanos y garantizar la impunidad de los responsables de las mismas.

Por todo ello, exigimos al Estado nicaragüense:  La plena libertad de todas las presas personas políticas excarceladas, lo que supone:  La extinción de cualquier causa  judicial en su contra y la garantía de que se respeten todos sus derechos de ciudadanía.

El cese de cualquier acto de vigilancia y hostigamiento contra las presas políticas excarceladas y sus familias por parte de funcionarios públicos.  
               
Garantías de seguridad y protección para ellas y sus familias, poniendo fin a la impunidad en la que permanecen los ataques en su contra perpetrados por paramilitares y otros actores afines al Gobierno.  
               
Reposición de todos los bienes incautados o sustraídos a las presas políticas excarceladas por instituciones y funcionarios del Estado.

La libertad de María Guadalupe Ruiz Briceño y del resto de personas presas políticas que siguen privadas de libertad.  El cese de las detenciones arbitrarias.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que responda solidariamente frente a la grave situación que viven nuestras compañeras presas políticas excarceladas en Nicaragua y sus familias y se unan a la campaña de presión al Gobierno de Daniel Ortega para que cesen los ataques y hostigamientos y todas ellas recuperen la plena libertad.

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