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lunes, 9 de septiembre de 2019

Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua, exige la restitución de las Libertades Públicas y la suspensión del estado policiaco.


Periodistas y comunicadores Independientes (PCIN), PEN Nicaragua, la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), editores, columnistas, fotógrafos, camarógrafos, caricaturistas, blogueros y corresponsales, directores y propietarios de medios locales y nacionales y la Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCH), piden al régimen de Daniel Ortega, que cese la represion. 

Señalan los comunicadores, que estan comprometidos con una salida pacífica y cambio de sistema por la vía democrática y ante la propuesta de realizar reformas electorales necesarias para la democratización del país, nos hemos reunido hoy en ocasión del Día Internacional del Periodista –8 de septiembre– para expresar a la población en general y a la comunidad internacional lo siguiente:

Sin Libertad de Prensa, sin Libertad de Expresión y sin Libertad de Información, los esfuerzos por restituir derechos en Nicaragua son inútiles. La libertad de expresión y de prensa son la base fundamental para desarrollar cualquier proceso de democratización en Nicaragua. ¡Es indispensable el respeto a los derechos fundamentales consignados en la Constitución!

La restitución de las Libertades Públicas es necesaria para realizar elecciones libres y transparentes que garanticen el cumplimiento de las demandas de JUSTICIA, PAZ y DEMOCRACIA, que tanto anhela la población nicaragüense. Por ello demandamos la suspensión del estado de excepción de facto.

Los periodistas independientes repudiamos el asesinato de 328 personas por parte del régimen Ortega – Murillo, según datos de la CIDH, en el marco de las protestas de abril de 2018, y nos solidarizamos con las víctimas. Demandamos la libertad de todos los presos políticos y que cese el estado policiaco, para que puedan regresar a Nicaragua, decenas de miles de exiliados, entre ellos, cerca de un centenar de periodistas obligados a abandonar el país para resguardar su libertad e integridad física y la de sus familiares.

A pesar del duro camino que nos ha tocado transitar en el último año: el asesinato del periodista Angel Gahona (q.e.p.d), el encarcelamiento de periodistas como Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, quienes fueron sometidos a vejaciones durante los 172 días que permanecieron privados de libertad; pese a las amenazas, el acoso, el hostigamiento, las campañas de desprestigio que actualmente enfrentamos, estamos aquí UNIDOS en una sola voz para demandar:

La inmediata devolución de los bienes y propiedades de los medios allanados y confiscados: el Canal 100% Noticias, dirigido por su director Miguel Mora y la redacción de los programas de televisión “Esta Semana” y “Esta Noche”, y los medios “Confidencial” y “Niú”, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Que se cumplan los acuerdos suscritos en la mesa de negociación en lo relativo al protocolo sobre Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, con base en los puntos 10 y 17 de dichos acuerdos, firmados ante testigos y garantes internacionales. Demandamos al gobierno de Nicaragua que garantice las condiciones necesarias para un retorno seguro de periodistas y comunicadores que se vieron obligados a exiliarse.

Que cese de inmediato la intimidación y amenaza provenientes de la policía, o de los grupos parapoliciales que aún operan impunemente en el país. En los últimos días, medios de comunicación independientes como La Prensa, El Nuevo Diario, Radio Corporación, Trinchera de la Noticia, NOTIMATV en Matagalpa, han denunciado hostigamiento a sus instalaciones, lo cual constituye una flagrante violación a su derechos civiles, políticos y económicos, al sentirse amenazados en sus centros de trabajo. 

Consideramos repudiable los hechos ocurridos el pasado sábado 7 de septiembre contra Radio Darío, su Director y su equipo periodístico, pintas en las paredes, difusión de mensajes de odio y amenazas de muerte, sumados al ataque que se dio cuando salían hacia Managua miembros de la Alianza Cívica y Jaime Arellano, lo que pareciera implicar la intención de una condena al destierro de hecho. 

Aníbal Toruño tiene el derecho humano de regresar a vivir a su hogar y Radio Darío tiene el derecho a operar con toda la normalidad posible. ¡Exigimos que se respete la integridad física de Aníbal Toruño, de todo el personal de Radio Darío y de sus instalaciones!

El Estado debe cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas encarcelados, agredidos, amenazados y despojados de los medios que les permitían desarrollar su labor.

Además, está en la obligación de cerrar por completo los casos judiciales que levantó arbitrariamente contra Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora; sin dejar lugar a ninguna maniobra judicial que intente callarlos.

Exigimos que el Estado cese en su afán de criminalizar la protesta cívica y la libertad de expresión, la libertad de movilización, de organización, entre otros derechos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua. Igualmente, debe garantizar que los cuerpos de seguridad se abstengan de reprimir y por el contrario, aseguren la protección de las personas que participan en las protestas, y de manera especial, a periodistas que cumplen con su labor de informar.

Es oportuno también, demandar que el gobierno cumpla con las normas, obligaciones, requisitos y sanciones establecidas en la “Ley de Acceso a la Información Pública”; y realice campañas de educación para que la ciudadanía utilice esta herramienta.

 A la vez, que deje de utilizar como “operadores políticos” en contra de los medios de comunicación independientes a las instituciones públicas como el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Ministerio de Trabajo (MITRAB), la Dirección General de Ingresos (DGI), que realizan constantes y exhaustivas supervisiones –fuera de la práctica común– así como reparos y sanciones arbitrarias.

 De forma particular, queremos referirnos al bloqueo de materiales como papel, tinta, y otros insumos para la impresión de los periódicos, por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), situación que ya supera el año, y representa un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho constitucional de la ciudadanía a ser debidamente informada. También existen equipos de televisión de canales independientes que se encuentran retenidos por esa institución.

Demandamos que TELCOR se apegue al cumplimiento estricto de la “Ley de Telecomunicaciones y Correos” y proceda solamente en los asuntos técnicos y administivos relacionados al espectro eléctrico; y se abstenga de ordenar e intervenir en asuntos relacionados a la producción y difusión de contenidos de los medios de comunicación independientes.

Desde que retornó al poder en el 2007, el gobierno de Daniel Ortega se ha empeñado en silenciar a los medios independientes, de distintas formas: amenazando, intimidando, asediando y encarcelando periodistas, allanando y ocupando las salas de redacción, bloqueando el acceso a materias primas y repuestos, poniendo reparos fiscales o estropeando sus operaciones como empresas para que se ahoguen económicamente, entre otras agresiones que sólo buscan acabar con la verdad.

Sin embargo, periodistas y medios de comunicación independientes nos hemos mantenidos firmes en nuestro compromiso por informar apegados a la verdad y bajo los principios éticos de la práctica periodística, manteniendo la autonomía y no siendo objetos de manipulación de cualquier tipo de poder, sean de carácter económico, político o de cualquier otra índole. ¡No aceptamos la censura y nunca nos someteremos a ella!

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