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lunes, 9 de septiembre de 2019

Informe Bachelet en la ONU sobre Nicaragua, contundente.


La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU presentó oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización que sesiona en Ginebra, el demoledor informe sobre lo ocurrido entre agosto de 2018 y julio de 2019 avala las denuncias de represión y violaciones masivas a la Constitución y las leyes.

El gobierno respondió al informe, el pasado dos de septiembre, con una descalificación general y sin presentar las evidencias que descalifiquen el reporte de Bachelet.

El informe, conocido el pasado viernes, denuncia al gobierno de Nicaragua por graves violaciones a los derechos humanos --incluidas torturas a opositores-- y urgió el viernes al presidente Daniel Ortega a reanudar el diálogo, terminar con las detenciones arbitrarias y garantizar elecciones trasparentes.

El reporte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que ha verificado la participación de las fuerzas de seguridad del gobierno en ataques contra manifestantes y detenciones consentidas por el Estado, aunque también advierte que quienes protestaban han agredido a las autoridades, lo que provocó muertes y lesiones entre policías y miembros del partido oficialista.

Entre las "graves" violaciones documentadas por la oficina, destaca "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención".

El gobierno ha negado su responsabilidad y ha justificado el despliegue de la fuerza argumentando que se defiende de un golpe de Estado fallido.

Para redactarlo, la oficina presidida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet --quien ha generado expectativas sobre su modo de encarar las violaciones a los derechos humanos debido a que ella vivió en carne propia la dictadura chilena (1973-1990) y perdió a su padre tras el golpe militar de 1973-- desplegó a un equipo de expertos por invitación del mismo Ortega.

Sin embargo, tras un informe inicial que denunciaba violaciones a los derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas, la cancillería nicaragüense truncó la visita y el monitoreo se tuvo que continuar a distancia.

Para elaborar el informe, la oficina analizó material escrito y audiovisual, se reunió con funcionarios gubernamentales y realizó casi 200 entrevistas a víctimas, testigos de violaciones de derechos humanos y otras fuentes --abogados, periodistas, médicos--, así como a refugiados y migrantes. 

La información se recopiló en Nicaragua, Panamá y Costa Rica, a donde muchos nicaragüenses han huido. El texto destaca que se solicitó información detallada para analizar denuncias realizadas sobre el tema, pero el gobierno respondió con datos insuficientes.

Entre los actos denunciados por el informe con respecto a la actitud de las autoridades frente a los manifestantes destacan las detenciones por portar la bandera de Nicaragua --prohibida hasta hace unas semanas, cuando el gobierno invitó a utilizarla con motivo de las fiestas patrias--, el uso de armas de fuego, intimidación y golpes. Se citan varios casos de agresiones, incluso contra menores de edad.

Por otra parte, se rechaza la vulneración de la libertad de prensa. Según el documento, periodistas, activistas, campesinos, personas LGBTI y estudiantes críticos del gobierno han sufrido "criminalización, incautación de sus bienes, intimidación, amenazas, acoso y campañas de difamación por parte de las autoridades".

El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, de la CIDH, declaró en las redes sociales que el grupo de trabajo" recibió información sobre actos de intimidación y amenazas contra Aníbal Toruño, con marcas en su casa en León". El caso fue de inmediato documentado por el MESENI que trabaja desde el exterior luego de que fueron expulsados por el gobierno de Daniel Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recordó que "los miembros de Radio Darío cuentan con medidas cautelares y reitera la solicitud hecha al Estado de Nicaragua para protegerlos".

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, también se pronunció el sábado y "condena los grafitis amenazantes en la casa de su dueño, recién regresado del exilio, así como la agresión contra miembros de la Alianza Cívica, quienes le habrían acompañado hoy a León".

Los ataques de los grupos sandinistas ocurrieron en varios momentos. La madrugada del sábado pasado un grupo de motociclistas, miembros del FSLN, llegaron a las oficinas y vivienda de Radio Darío, propiedad de Aníbal Toruño, con piedras, bates y tubos, y pintaron las amenazas con pintura (2:00 a.m.).

Las pintas hechas en las paredes del exterior son una amenaza contra el medio de información y Toruño en particular. El año pasado, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez dirigió la quema de la radioemisora en la que murieron dos miembros del grupo atacante luego de que la gasolina que usaron tomó fuego y quemó gravemente el cuerpo de las personas.

A cada uno de ellos, Rodríguez les ofreció la suma de C$500 córdobas para que participaran del ataque.

Cuando las imágenes de las cámaras de seguridad de la radio se volvieron virales en las redes, un segundo grupo de unos 50 motociclistas llegó a las 11:50 a.m. del sábado y destruyó las cámaras dañando además el medidor de energía.

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