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viernes, 20 de septiembre de 2019

Jesuitas hacen "llamado urgente" a "rescatar democracia" en el país.


La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe hizo "un llamado urgente a la comunidad internacional" a la que alertó "sobre la violación de los Derechos Humanos en Nicaragua".

El pronunciamiento divulgado ayer está firmado por Roberto Jaramillo Bernal, S.J., Presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América latina y El Caribe (CPAL), y Rolando Alvarado, S.J. Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica.

El documento de denuncia es contundente y afirma en sus conclusiones que "no nos cansamos de denunciar las arbitrariedades del régimen Ortega-Murillo. Queremos continuar atentos a las voces de aquellos que sufren la inmisericorde tiranía del poder que pretende someter los sueños libertarios y democráticos a través del terror, la represión, la tortura, el asesinato".

Llaman a los países miembros de la OEA a que ejerzan "sus mejores oficios a través de la diplomacia internacional y se tomen todas las medidas necesarias para rescatar la democracia en Nicaragua y para responsabilizar al régimen actual de los crímenes que ha cometido".

Una auténtica masacre ensangrentó Nicaragua desde abril a agosto de 2018. Entre los meses de abril y mayo de ese año la población se adueñó de las calles de todo el país mientras el régimen se preparaba para aplastar las protestas a sangre y fuego; lo que hizo en el mes de agosto. 

Así, desde septiembre de año pasado Nicaragua sufre un estado de excepción o un estado de sitio de facto y el derramamiento de de sangre no cesa. Ahora la masacre es por goteo.  

 "¡Vamos con todo!" fue la orden que dio el régimen el 19 de abril para aniquilar unas inesperadas protestas de jóvenes estudiantes; y se desató la matanza. Desde el primer momento la ejecutaron policías antidisturbios que usaron armas de guerra. Muy pronto se les unieron fuerzas parapoliciales y paramilitares, hombres vestidos de civil y a menudo encapuchados.    

El saldo de esos meses de horror, elaborado al detalle por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y ratificado por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es de 328 muertos, entre ellos 28 policías, que también suman a la cuenta del régimen que los mandó a matar o a morir.  

El número de heridos ha sido más difícil de precisar. ¿Dos mil...? ¿Más...? ¿Cuántos de ellos con discapacidades de por vida? Y aunque hay indicios de desapariciones forzosas, y pruebas de que hubo cárceles clandestinas en donde se torturaba brutalmente, la cifra de los desaparecidos no logra aún precisarse. 

Analizando la etapa entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvo trabajando in situ hasta su expulsión en diciembre de 2018, estableció que en Nicaragua el Estado ha cometido "crímenes de lesa humanidad" que pueden ser juzgados en tribunales internacionales. El informe que produjo el GIEI es lo más cercano al de una "comisión de la verdad".

"La inestabilidad que genera este régimen ha ido llevando la economía a una crisis incomparable. "La depresión es una enfermedad que invade a las personas de tristeza, angustia y les arrebata toda esperanza. En economía se usa el mismo término para un país que se derrumba. En Nicaragua hay signos claros de estar en depresión. 

Lo indican datos oficiales, sondeos al sector privado y la situación real de personas que han perdido sus trabajos, cerrado sus empresas y entregado carros, fincas y casas a los bancos porque no pueden pagarlos", dice un economista. Se calculan más de 100.000 personas que han perdido sus empleos formales, y otros 300.000 que han quedado sin trabajo por la depresión económica.  

Con la única estrategia de aumentar la represión para mantenerse en el poder, una economía como la nicaragüense, movida por factores externos (inversión extranjera, turismo y exportaciones) no mejorará, provocando un mayor empobrecimiento de muchas familias. Sólo el factor externo de las remesas se mantiene garantizando cierto nivel de sobrevivencia a algunos hogares. 
  
"Nicaragua es un país pequeño con aproximadamente 6 millones de habitantes; y es el país más empobrecido del continente después de Haití. Las cifras que presentamos pueden parecer pequeñas, pero están dejando heridas colosales que tardaran mucho en cerrar. 

Se trata de un país con una larga historia de violencia política para lograr cambios. Por eso, uno de los rasgos más valiosos de la rebelión desatada en abril de 2018 es determinación de una gran mayoría del pueblo nicaragüense de emprender, esta vez, una lucha pacífica y de resistencia cívica para cambiar el régimen. 

Pero es claro que se necesita el respaldo internacional, tanto de la sociedad civil y las organizaciones que luchan desde diversos campos por un mundo más justo, como de todos los gobiernos democráticos de América Latina y del mundo entero; sólo así será posible el retorno de la libertad y la igualdad.

"Desde la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL), junto con todos los compañeros en Nicaragua, y en solidaridad con todas las víctimas y con la mayoría del pueblo que resiste, no nos cansamos de denunciar las arbitrariedades del régimen Ortega-Murillo. "Queremos continuar atentos a las voces de aquellos que sufren la inmisericorde tiranía del poder que pretende someter los sueños libertarios y democráticos a través del terror, la represión, la tortura, el asesinato.

Hacemos por lo tanto, de nuevo, un llamado a toda la comunidad internacional, particularmente a los miembros de la Organización de Estados Americanos, para que ejerzan sus mejores oficios a través de la diplomacia internacional y se tomen todas las medidas necesarias para rescatar la democracia en Nicaragua y para responsabilizar al régimen actual de los crímenes que ha cometido".

Fragmento del documento: Crímenes que reclaman justicia. Un llamado urgente a la comunidad internacional.

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