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jueves, 26 de septiembre de 2019

Justicia orteguista pasa la factura a Rafael Solís Cerda.


La Corte Suprema de Justicia envió una carta a la Asamblea Nacional pidiendo la destitución del magistrado Rafael Solís Cerda por "ausencia laboral", según el contenido.

La solicitud fue formalizada ayer al ser presentada a la junta directiva de la Asamblea Nacional por el presidente del legislativo, el diputado sandinista Gustavo Porras Cortez, e incluida en la agenda de la próxima sesión plenaria.

La junta directiva no programó la elección de la silla abandonada por Solís en enero pasado cuando anunció su renuncia a la magistratura y a su dilatada militancia en el FSLN, del que fue uno de sus principales negociadores. Tampoco se descarta que lo hagan de última hora.

Con la destitución de Solís Cerda, la Corte Suprema de Justicia continúa integrada por 13 miembros, número suficiente para establecer la Corte Plena y que las salas sigan funcionando con normalidad, conforme a la ley.

Ahora quedarán tres vacantes: la que ocupaba el ex magistrado Antonio Alemán Lacayo, fallecido en agosto de 2016 de un infarto. La segunda es la del ex magistrado Carlos Aguerri Hurtado, quien renunció al cargo por razones de salud; y, la silla de Rafael Solís Cerda.

Los magistrados negociados por Eduardo Montealegre, líder del partido CxL con el FSLN, José Adán Guerra Pastora y Virgilio Gurdián, exministro del Trabajo de Enrique Bolaños, aún siguen ocupando sus cargos pese a los llamados hechos por la oposición para que renuncien a los puestos.

Llama la atención que la "destitución" no fue solicitada por la presidencia de la república, habida cuenta que Solís Cerda es el testigo (padrino) de la boda del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo oficiada por el Cardenal Miguel Obando y Bravo en el año 2005.

Solís se distanció de Ortega a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país desde el 18 de abril de 2018. El exjuez acusó a los dignatarios de no actuar con sensatez y cordura en la crisis, sino más bien con el afán de imponer un “Estado de terror” con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales.

También que bajo el Gobierno de Ortega y Murillo “no existe derecho alguno que se respete” y que se está consolidando en el país “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial reducido a su más mínima expresión”.

Además, sostuvo que “no hubo tal golpe de Estado, ni agresión externa”, a como denuncia el Ejecutivo, “sino un uso irracional de la fuerza” por parte del Estado.

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