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domingo, 8 de septiembre de 2019

ONU presenta este lunes informe sobre Nicaragua.


La ONU sumó su voz a otras que han denunciado al gobierno de Nicaragua por graves violaciones a los derechos humanos --incluidas torturas a opositores-- y urgió el viernes al presidente Daniel Ortega a reanudar el diálogo, terminar con las detenciones arbitrarias y garantizar elecciones trasparentes.

En un reporte divulgado en Ginebra, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que ha verificado la participación de las fuerzas de seguridad del gobierno en ataques contra manifestantes y detenciones consentidas por el Estado, aunque también advierte que quienes protestaban han agredido a las autoridades, lo que provocó muertes y lesiones entre policías y miembros del partido oficialista.

El reporte será presentado este lunes y transmitido en las redes sociales.

Entre las "graves" violaciones documentadas por la oficina, destaca "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención".

La más reciente crisis política del país centroamericano estalló en abril de 2018 como consecuencia de un intento por reformar la seguridad social.

Desde que las protestas iniciaron, las tensiones entre el gobierno y la oposición han tenido altas y bajas, pero no han desaparecido. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta ahora las acciones de la policía y los paramilitares han dejado al menos 325 civiles muertos, 2.000 heridos y más de 700 presos. La ONU respalda estos datos y afirma que más de 80.000 personas han escapado.

El gobierno ha negado su responsabilidad y ha justificado el despliegue de la fuerza argumentando que se defiende de un golpe de Estado fallido.

El documento de Naciones Unidas presentado el viernes evalúa un panorama general de lo observado entre agosto de 2018 y julio de 2019 y brinda 14 recomendaciones para contribuir a solucionar el problema. 

Para redactarlo, la oficina presidida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet --quien ha generado expectativas sobre su modo de encarar las violaciones a los derechos humanos debido a que ella vivió en carne propia la dictadura chilena (1973-1990) y perdió a su padre tras el golpe militar de 1973-- desplegó a un equipo de expertos por invitación del mismo Ortega.

Sin embargo, tras un informe inicial que denunciaba violaciones a los derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas, la cancillería expulsó a la comisión y el monitoreo se tuvo que continuar a distancia.

Para elaborar el informe, la oficina analizó material escrito y audiovisual, se reunió con funcionarios gubernamentales y realizó casi 200 entrevistas a víctimas, testigos de violaciones de derechos humanos y otras fuentes --abogados, periodistas, médicos--, así como a refugiados y migrantes. 

La información se recopiló en Nicaragua, Panamá y Costa Rica, a donde muchos nicaragüenses han huido. El texto destaca que se solicitó información detallada para analizar denuncias realizadas sobre el tema, pero el gobierno respondió con datos insuficientes.

Entre los actos denunciados por el informe con respecto a la actitud de las autoridades frente a los manifestantes destacan las detenciones por portar la bandera de Nicaragua --prohibida hasta hace unas semanas, cuando el gobierno invitó a utilizarla con motivo de las fiestas patrias--, el uso de armas de fuego, intimidación y golpes. Se citan varios casos de agresiones, incluso contra menores de edad.

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