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lunes, 21 de octubre de 2019

Cámara de la energía denuncia que los nicaragüenses pagarán la ineficiencia de Disnorte-Dissur.


Aunque las pérdidas comerciales de Disnorte-Dissur se han elevado del 5 al 10 por ciento en el año por mayor morosidad en la facturación, el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, advierte que el problema no se resuelve enjuiciando y embargando a los clientes.

Según la información que dispone Zamora, las pérdidas comerciales de la distribuidora de energía ascienden a seis millones de dólares en el año, y entiende que esta situación es consecuencia de la crisis económica que ha aumentado el desempleo, así como la pérdida de poder de los salarios. “La caja distribuidora está golpeada, (pero) no es por robo (de la energía) sino que la gente no está pagando el cobro por la facturación.

Es producto de la crisis económica sin ninguna duda y está golpeando a la distribuidora, que al final se afecta la caja de todo el sector eléctrico, por lo que hay que buscar mecanismos eficientes para que sea efectiva la recaudación”, dijo Zamora a LA PRENSA.

La Asamblea Nacional discute este lunes 21 de octubre la propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética (Ley 554) en la que el régimen de Daniel Ortega faculta a la distribuidora de energía usar las facturas en mora para embargar y enjuiciar a sus clientes, sin que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) certifique el incumplimiento de pago.

Esa sería otra medida contra los consumidores para beneficiar a Disnorte-Dissur donde el Gobierno tiene el 16 por ciento de las acciones. Este año se ha incrementado en 18.38 por ciento la tarifa.  La junta directiva de la Asamblea Nacional envió este lunes a la Comisión de Infraestructura la propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética para su análisis y consulta, informó la agencia Prensa Latina.

El cambio se circunscribe al artículo quinto de la legislación, donde en los incisos a y b quedan establecidas las infracciones consideradas nocivas al desarrollo y estabilidad del servicio eléctrico. De acuerdo con la titular de la comisión, Jenny Martínez, el propósito de la reforma es que grandes empresarios, que representan un cuatro por ciento de los usuarios, paguen su consumo en tiempo y forma, pues son los mayores morosos.

Entre las acciones sancionables en relación con el servicio eléctrico figuran la manipulación de equipos de medición para no registrar el consumo y la venta de energía a terceros. La comisión aseguró que, sin embargo, la reforma no incluye el procedimiento ni los plazos para los reclamos correspondientes ante las entidades pertinentes.

La iniciativa de Ley presentada ante el plenario propone sancionar a los usuarios o técnicos que comentan fraude eléctrico. Según el Ejecutivo, la reforma a esa Ley busca promover el uso lícito del servicio público de energía eléctrica, mediante la prevención y sanción de conductas que atenten contra el desarrollo y la estabilidad de ese servicio a la población. 

La iniciativa propone sancionar al que instale por su cuenta o mediante terceros conexiones que eviten que la energía consumida pase a través del dispositivo de medición.

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