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jueves, 24 de octubre de 2019

Empresarios y abogados cuestionan al régimen por el control del papel sellado.


José Adán Aguerri, presidente del COSEP, dijo que el consejo directivo de la organización empresarial conformará un equipo jurídico que analizará un comunicado de la Dirección General de Ingreso (DGI), donde esa institución brinda opciones a los abogados de comprar el papel sellado físicamente en la renta de Sajonia, en el caso de Managua, o comprar el papel sellado a través del sistema en líneas o electrónico.

"Obviamente con el sistema en línea lo que se está perdiendo es la privacidad, estaría perdiendo esa confidencialidad. Es un tema que hay que trabajar y analizar. Para eso el Cosep creó una comisión jurídica que trabajará con los bufetes de abogados para sentar una posición", señaló Aguerri.

El líder empresarial insistió que si se quita la opción de papel en físico, los abogados tendrán que subir la escritura y quedar en las computadoras de la DGI, es una situación que atenta contra la confidencialidad.

Hasta ahora los abogados presentan ante la Corte Suprema de Justicia un índice de las escrituras constituidas en ese protocolo, donde se brinda información general sobre cada escritura. Pero con el manejo que se está planteando se va más allá, porque no solo la Corte recibiría esa información general sino también la DGI, explicó.

La intención de la dictadura de Daniel Ortega de imponer controlar en 2020 el trabajo de abogados y notarios públicos a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) es interpretada por Julio Montenegro, coordinador del grupo Defensores del Pueblo, como una arbitrariedad del régimen sandinista. La medida también pretende que los juristas revelen información confidencial de sus clientes lo que a la postre afectaría su trabajo.

“El Gobierno no está actuando de manera correcta. No se puede limitar el ejercicio profesional y tampoco pedir a los abogados que rompan el sigilo que tienen con sus representados o sus clientes y se lo comuniquen al Estado. Esto convertiría al abogado en una parte cooperante y esto contraviene la relación que tienen con su cliente”, explicó Montenegro.

Montenegro expresó que no se puede ir en contra de normativas que no han sido derogadas y que establecen que los nicaragüenses gozamos de protección del Estado en materia de derechos.

“Si se aplican algunas normativas que riñan con lo que ya está regulado en la normativa, lo que va a ocurrir es que simple y sencillamente habrá temor en abogados de incurrir en una acción penal que ya de previo están establecidos en normativas y tiene que ver en ejercicio propio del abogado”, explicó Montenegro.

El abogado se refiere al sigilo profesional que impera entre el abogado y su cliente. De acuerdo a Montenegro en la parte normativa de los abogados se dice que, si un profesional revela algún aspecto confidencial expresado por sus clientes, podrían aplicarles infracciones administrativas o penal.

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