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jueves, 24 de octubre de 2019

La UE debe sancionar a autoridades nicaragüenses por graves abusos.


La Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros deberían actuar con urgencia aplicando el marco de sanciones que adoptó recientemente para imponer sanciones dirigidas contra el Presidente Daniel Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses responsables de graves violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.

El 14 de octubre de 2019, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE adoptaron un marco legal para la imposición de medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, tras la brutal represión de las manifestaciones contra el gobierno que empezaron en abril de 2018.

“Ahora que la UE cuenta con el marco legal para sancionar a altos funcionarios nicaragüenses implicados en la brutal represión de opositores, debería actuar sin demoras prohibiéndoles el ingreso e inmovilizando activos de funcionarios clave que son responsables de gravísimos abusos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“La presión es crucial para prevenir más abusos y asegurar que se haga justicia por actos que constituyen graves delitos conforme al derecho internacional”.

La represión de las protestas ha provocado al menos 328 muertos, así como miles de heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente. Muchos de los detenidos han sufrido torturas y otros maltratos – como descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual – cometidos por miembros de la Policía Nacional, que en algunos casos actuaron en forma coordinada con bandas armadas partidarias del gobierno. El gobierno de Ortega también ha actuado específicamente contra líderes de la sociedad civil y periodistas independientes.

En una carta enviada en julio a la Alta Representante de la UE Federica Mogherini y a los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, Human Rights Watch instó a la UE a imponer sanciones dirigidas contra los siguientes siete altos funcionarios nicaragüenses:

El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;

La general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional, quien encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018;

El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual, que empezó en septiembre de 2018;

El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes;

El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables;

El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que fue el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a violaciones aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según lo informado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH); y

El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), una unidad policial que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según lo ha señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Canadá y Estados Unidos ya han impuesto sanciones contra algunos funcionarios nicaragüenses, incluido el actual jefe de la Policía Nacional, el general Díaz.

La presión internacional ha sido clave para que el gobierno de Ortega liberara a cientos de detenidos entre mediados de marzo y mitad de junio de este año. Tras la aplicación de una ley de amnistía adoptada por el gobierno en junio, se retiraron los cargos contra algunas de estas personas.

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