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sábado, 16 de noviembre de 2019

CIDH exige a Ortega cese inmediatamente el asedio a la Iglesia San Miguel.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega que cese de manera inmediata la persecución y el asedio policial a la Iglesia San Miguel, de Masaya.

En esta iglesia se encuentran encerrados el padre Edwin Román junto a madres de presos políticos y excarcelados que el jueves iniciaron una huelga de hambre. El templo fue rodeado por policías y paramilitares, se prohibió el ingreso y se cortaron los servicios de luz eléctrica y agua.

“En este acto contra manifestantes en huelga de hambre, CIDH evidencia que el Estado de Nicaragua continúa con acciones de represión a víctimas de la crisis de DDHH que afecta al país desde abril de 2018; así como el cierre de espacios de participación y expresión democrática”, expresó la CIDH.

La CIDH también reprochó al gobierno del presidente Ortega el encarcelamiento de 13 activistas que iban a dejar ayuda a la iglesia la noche del jueves.

“CIDH recuerda al Estado de Nicaragua que debe garantizar acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a todas las víctimas de la crisis de DDHH. Las autoridades deben cesar inmediatamente la persecución y proceder a liberar a los presos políticos”, enfatizó.

Los reportes recibidos por #MESENI informan que la iglesia estaría rodeada por agentes de la Policía Nacional de #Nicaragua que impiden la entrada al lugar y se habría interrumpido el suministro de electricidad y agua potable.

La Policía de Ortega califica como un “delito de relevancia nacional” el que 13 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) intentaran ir a dejar agua a unos manifestantes en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel, de Masaya.

Los activistas fueron detenidos la noche del jueves y trasladados a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote.

La criminalización de un acto de solidaridad como ese, fue dado a conocer por la DAJ a los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que fueron a buscar información de los detenidos.

La abogada Karla Sequeira pidió tener una entrevista con uno de sus representados, pero le fue negado aduciendo que estarán detenidos por 48 horas hasta que sean pasados ante el juez competente.

«Ellos lo único que saben decir es que no van a dar nada (información sobre los detenidos) hasta que tengan una orientación de Plaza El Sol (oficinas centrales de la Policía», indicó la abogada.

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