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sábado, 23 de noviembre de 2019

Congresistas piden a Trump suspender programa con Nicaragua.


Los congresistas Donna E. Shalala, (demócrata de la Florida), Eliot L. Engel (demócrata de Nueva York) y Albio Sires (demócrata por Nueva Jersey) pidieron ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspender un programa de intercambio de información sobre migrantes en proceso de deportación que expone a muchos nicaragüenses que huyendo de la represión en Nicaragua podrían caer en manos del régimen sandinista.

Los tres congresistas le escribieron una carta a Trump "para expresar nuestra profunda preocupación por la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua y la coordinación de su administración con el opresivo régimen de Ortega en Nicaragua para facilitar la deportación de ciudadanos nicaragüenses de los Estados Unidos".

En la misiva le piden "que extienda de manera expedita el estatus de protección temporal para los nicaragüenses que viven en los EE.UU." y que deje de trabajar con el régimen de Ortega en la deportación de personas hacia Nicaragua.

Explican que "Para empeorar las cosas, a partir de abril de 2018, Nicaragua es un socio participante en el sistema electrónico de documentos de viaje ICE/ERO, que proporciona información biográfica y biométrica para ayudar a identificar y deportar a los ciudadanos nicaragüenses que ingresan a los EE.UU." que es una "deportación simplificada y acelerada de nicaragüenses" que además "transmite información personal sobre los deportados al gobierno nicaragüense, lo que pone a estas personas en grave riesgo cuando regresan por la fuerza a Nicaragua".

"La coordinación entre el gobierno nicaragüense y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha tenido consecuencias peligrosas para los innumerables nicaragüenses que han sido deportados desde abril de 2018", agregando que "informes recientes han documentado atrocidades deplorables, incluidos informes de que 20 deportados nicaragüenses están desaparecidos después de su entrega a las autoridades, la deportación desde los Estados Unidos puede ser similar a una sentencia de muerte", dice la carta de los congresistas al presidente Trump.

"Dado este grave estado de cosas, instamos encarecidamente el final de las deportaciones expeditas de los Estados Unidos a Nicaragua y a una extensión del estatus de protección temporal (TPS para ciudadanos nicaragüenses). La extensión adicional del TPS para los nicaragüenses brindaría seguridad a las familias que huyeron de la persecución por su propio gobierno".

"Estados Unidos tiene el deber de proteger a estas comunidades vulnerables. Le instamos a poner fin a la asociación de Nicaragua en el sistema ETD y extender aún más el TPS para los nicaragüenses", concluye la carta.

Al cumplirse casi un año de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmara la ley “Nica Act” que establece duras sanciones políticas y económicas contra el régimen de Daniel Ortega, la excongresista Ileana Ros-Lehtinen dijo este viernes que ya “es hora de que otras naciones hagan lo mismo”.

“Estados Unidos está con los nicaragüenses. Es hora de que otras naciones hagan lo mismo a través de sanciones contra el régimen”, tuiteó Ros-Lehtinen, haciendo referencia al comunicado que el gobierno estadounidense publicó ayer sobre que, el asedio de Ortega a las iglesias “es inaceptable”.

La excongresista calificó este ataque a la Iglesia Católica de Nicaragua como “otro intento desesperado de Ortega por aferrarse al poder”, y aseguró que pese a la represión, esto no detendrá a la gente de Nicaragua de “luchar por la libertad, la democracia y sus derechos”.

Asimismo, aplaudió a la OEA y al embajador ante este organismo, Carlos Trujillo por “su fuerte compromiso y esfuerzos para exponer los atroces abusos de los derechos humanos y crímenes del brutal régimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense.

Estados Unidos debe continuar oponiéndose a estos abusos y apoyar al pueblo de Nicaragua”, refirió, en alusión a la próxima sesión extraordinaria el próximo lunes 25 de noviembre en la que se presentará y analizará el informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua que evidenció que hay una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.

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