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martes, 19 de noviembre de 2019

Dictador Ortega mantiene en el cargo al jefe del Ejército en medio de protestas.


El dictador Daniel Ortega renovó por cinco años más el mandato del jefe del Ejército en medio de críticas de quienes lo consideran “un premio” a su lealtad y ante una aparente reactivación de las protestas opositoras.

La decisión consta en un acuerdo presidencial firmado por Ortega y publicado el martes en el diario oficial La Gaceta. Según el mismo, el general Julio Avilés, quien lleva una década en el cargo, tomará posesión el 21 de febrero de 2020 y permanecerá en el mismo hasta 2025.

Avilés, un exguerrillero sandinista, fue nombrado máximo jefe del Ejército en noviembre de 2009 cuando Ortega llevaba dos años en el poder y enfrentaba protestas opositoras por su intención de postularse a una reelección pese a una prohibición constitucional.

Hasta 2009 el cargo de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua se había venido renovando cada cinco años en base a una terna de oficiales propuestos por un consejo militar al presidente de la República.

Durante las protestas sociales que estallaron en abril de 2018, el Ejército prometió mantenerse al margen del conflicto y no usar la fuerza contra los manifestantes civiles. Sin embargo, la oposición ha acusado a esa fuerza de haber apoyado a la policía con “efectivos y armamento militar”, lo que Avilés ha negado.

Un oficial en retiro tras la masacre del régimen de Ortega contra manifestantes en las protestas sociales acusó al Ejército de abastecer de pertrechos a los paramilitares. El oficial que se ha exiliado en Estados Unidos grabó un video cuando camionetas Hilux, en las que se transportaban los paramilitares salían del hospital militar Alejandro Dávila Bolaños, tras apertrecharse de municiones, más tarde fueron vistos disparando contra manifestantes, según revela un video.

La oposición también acusa al ejército de tolerar el surgimiento de una estructura de paramilitares armados que en 2018 operaron junto con la policía contra los manifestantes que levantaron barricadas y bloqueos en todo el país. Los paramilitares operaban a vista y paciencia de la cúpula militar en violación a la Constitución que establece que en Nicaragua solo existen dos fuerzas armadas: la Policía y el Ejército. Ambas instituciones se han plegado al régimen.

La reelección del jefe del Ejército sandinista, Julio César Avilés en el cargo impide el relevo en el mando militar causando un cuello de botella en la linea de sucesión.

En septiembre, el alto jerarca militar dijo ser víctima de una “campaña brutal” de desprestigio y confirmó su obediencia a Ortega señalando que “jamás” apoyaría “un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido”, esto pese a que Ortega violó la Constitución que prohibía la reelección consecutiva y solamente le permitía para un término. 

Ortega lleva tres tres periodos consecutivos, sin incluir el primer mandato en la década de los 80. También formó parte del Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1984), tras la derrota de Anastacio Somoza Debayle.

“Daniel Ortega tiene desconfianza de cualquier persona al mando del ejército y tiene que pagarle el favor a un Avilés que participó en la ‘Operación Limpieza’ con oficiales y armamento”, dijo la ex comandante guerrillera sandinista y ex aliada de Ortega, Dora María Téllez, en alusión a la represión de las protestas.

Para el sociólogo Oscar René Vargas, la decisión de Ortega “envía un mensaje claro: su poder es incuestionable y sólido porque cuenta con la venia y servidumbre de los militares”.

La renovación del mandato del máximo jefe militar ocurre tras nuevas detenciones de opositores civiles y en medio de huelgas de hambre de familiares de detenidos por razones políticas que reclaman su excarcelación.

La primera huelga de hambre comenzó el jueves por parte de 11 madres de los considerados “presos políticos” en la iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya, a 25 kilómetros de la capital. La policía mantiene rodeado el templo y le ha cortado la luz y el agua, denunció el párroco Edwin Román.

Un grupo de 13 activistas de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) intentó ese mismo jueves llevar bidones de agua a las huelguistas pero fueron detenidos por la policía. La víspera fueron acusados penalmente por supuesto traslado de armas. Esa es la artimaña del régimen sandinista, crear delitos a sus adversarios para encarcelarlos o aniquilarlos.

En apoyo a la primera huelga, otras siete mujeres anunciaron el lunes un ayuno “por la libertad de los presos políticos” dentro de la catedral de Managua, pero tuvieron que interrumpirlo en el mismo día después de que la sede religiosa fuera rodeada por la policía y atacada por personas exaltadas que golpearon a un sacerdote y a una monja.

“Las madres que estábamos en huelga de hambre hemos desalojado la catedral por seguridad, ya que las turbas entraron y nos amenazaron”, dijo Dulce Briceño, cuya hija, la universitaria María Guadalupe Ruiz, está presa desde julio por participar en las protestas antigubernamentales.

En un comunicado, la Conferencia Episcopal denunció que “grupos violentos afines al gobierno” tomaron control de la catedral, agredieron al presbítero Rodolfo López y a sor Arelys Guzmán y rompieron los candados del campanario. Los obispos condenaron los “actos de profanación, asedio e intimidación” contra la Iglesia católica.

Mientras, líderes de la UNAB llamaron en rueda de prensa a la población a organizarse en comités barriales para aumentar la "resistencia ciudadana y desobediencia civil" en contra del gobierno.

La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril de 2018 con protestas estudiantiles en contra de una reforma al sistema de seguro social que derivaron en un pedido de renuncia de Ortega. Desde entonces se han registrado 328 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de detenidos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El régimen sandinista asegura que las protestas, que fueron apoyadas por un sector de la empresa privada y varios obispos católicos, fueron un “intento fallido de golpe de Estado” promovido por “terroristas” en contra del presidente Ortega.

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