Human
Rights Watch (HRW) ha pedido a la comunidad internacional que intensifique sus
esfuerzos para que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, rinda cuentas
ante la justicia por el uso de tácticas represivas para impedir huelgas de
hambre en su país.
HRW se refiere
específicamente al caso del pasado 14 de noviembre, cuando un grupo de madres
de detenidos en el contexto de la represión de 2018 inició una huelga de hambre
en el interior de la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua, para
exigir la liberación de sus hijos y otros 130 detenidos.
“Más tarde ese mismo
día, miembros de la Policía Nacional rodearon la iglesia y amenazaron a las
madres, impidieron el ingreso al edificio e interrumpieron el suministro de
agua potable y electricidad”, explica HRW citando a fuentes locales.
“Atacar a madres
en huelga de hambre que reclaman la liberación de sus hijos detenidos y a
activistas que les dan agua muestra hasta qué punto Ortega y su policía están dispuestos
a llegar en su arremetida contra opositores”, ha denunciado el director para
las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco.
“Las prácticas del gobierno no van
a cambiar mientras el gobierno de Nicaragua crea que sus abusos gozan de
impunidad. Es crucial que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea actúen con
prontitud para ampliar las sanciones individuales para que alcancen al mismo
Daniel Ortega y a personas clave en su círculo de colaboradores directos”, ha
añadido.
Según la madre de
uno de los detenidos, trece activistas fueron acusados de delitos vinculados
con tenencia ilegal de armas, se dispuso su prisión preventiva y se les negó el
derecho a hablar con familiares o consultar en forma privada a abogados.
Estas tácticas se
repitieron cuatro días después. El 18 de noviembre, un grupo de madres y varios
familiares de detenidos empezaron una segunda huelga de hambre en la Catedral
de Managua, para expresar solidaridad con el grupo en Masaya y exigir la
liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas.
En ese momento, y según diversas fuentes
locales, una turba oficialista ingresó en la catedral y sembró el caos, al
insultar a los huelguistas y agredir a los presentes con piedras. Las madres
interrumpieron la huelga un día después debido a su delicado estado de salud.
A día de ayer
todavía continúa la huelga de hambre en Masaya, entre el temor por la salud de
los huelguistas, que siguen sin acceso a medicamentos y sin recibir atención
médica, según informa HRW citando fuentes de “plena confianza”.
La ONG recuerda
además que la represión de las protestas por el Gobierno nicaragüense durante
2018 dejó un saldo de al menos 328 muertos, así como miles de heridos y cientos
de personas capturadas y detenidas con arbitrariedad.
Muchos de los
detenidos sufrieron torturas y otros maltratos _como descargas eléctricas,
palizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual_ a manos de miembros de
la Policía Nacional, que en algunos casos actuaron en forma coordinada con
bandas armadas partidarias del gobierno.
El Gobierno de Ortega también ha
actuado específicamente contra líderes de la sociedad civil y periodistas
independientes. HRW reitera, para terminar, su petición para
que se impongan sanciones específicas contra Ortega, su ex directora de la
Policía Nacional, la general retirada Aminta Granera, así como a su sucesor,
Francisco Díaz, entre otros altos responsables.
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