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domingo, 17 de noviembre de 2019

La ONU denuncia “acciones represivas” en las protestas en Bolivia.

La Paz Bolivia / AP - La grave crisis por la que atraviesa Bolivia desde las elecciones del pasado 20 octubre ha despertado una gran preocupación en la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU por las “acciones represivas” de las fuerzas de seguridad. 
Las protestas que convulsionan al país han dejado ya 23 muertos, de acuerdo con el último balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se han registrado disturbios y actos vandálicos, pero también se han contado varios episodios de represión.

“Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, manifestó este sábado a través de un comunicado el alta comisionada, Michelle Bachelet.

Este pronunciamiento llega después de que unos duros enfrentamientos entre manifestantes y policías y militares —que desde esta semana actúan conjuntamente para tratar de frenar las movilizaciones— se saldaran con la muerte de al menos nueve cocaleros en la provincia del Chapare. 

Las víctimas fallecieron, señala Bachelet, “presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad”. Los choques se produjeron cuando los cocaleros trataban de cruzar un puente para llegar a la ciudad de Cochabamba.

“Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y con un respeto pleno por los derechos humanos”, continúa la alta comisionada.

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, que se encuentra asilado en México, el pasado martes asumió el cargo Jeanine Áñez. La mandataria interina nombró un Gobierno provisional encargado de “pacificar” el país y convocar elecciones con la mayor brevedad. Mientras la fecha de los próximos comicios está todavía en el aire, las protestas no han remitido. Ni en La Paz, donde el Palacio de Gobierno está blindado por el Ejército, ni en Cochabamba o en las zonas de producción de coca.

“En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”, mantiene Bachelet.

El Ejecutivo interino y el Movimiento al Socialismo (MAS), que sostuvo a Morales durante casi 14 años en el poder, han intentado esta semana algunos acercamientos, aunque de momento sin avances sustanciales. De hecho, la toma de posesión de Áñez fue boicoteada por el MAS en el Parlamento, donde el partido todavía tiene mayoría absoluta.

“Esta situación no será resuelta por medio de la fuerza y la represión. Todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia. Insto a todos los actores, incluyendo a los manifestantes, a que renuncien a la violencia para transitar hacia una solución pacífica a la crisis actual”, insiste la alta comisionada. Esta semana en el municipio de El Alto, adyacente a La Paz, a los manifestantes se sumaron algunos grupos de violentos que bloquearon sus calles y sembraron el caos.

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