
"Estas
medidas tienen por objetivo ayudar a alentar soluciones democráticas
compartidas a fin de traer la estabilidad política al país y permitirle
responder a las necesidades urgentes de la población", ha subrayado el
Consejo en un comunicado, en el que deja claro que las sanciones
"dirigidas" son "flexibles y reversibles" y están diseñadas
para "no dañar a la población venezolana".
Los Veintiocho
han justificado mantener al menos un año más en vigor las sanciones a
Venezuela, decisión que llegaba ya cerrada a nivel de embajadores y por tanto
se ha adoptado sin discusión previa este lunes, a la luz de la actual crisis
política, económica, social y humanitaria en Venezuela que continúa sobre el
terreno y de las acciones "persistentes" que socavan la democracia,
el Estado de Derecho y el respeto por los Derechos Humanos.
Los Veintiocho
impusieron en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan
utilizarse para la represión o la vigilancia y aprobaron la base jurídica para
poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de
graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos, de la represión de la
sociedad civil y la oposición o de socavar la democracia y el Estado de Derecho
en Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a éstos.
Desde entonces,
el bloque ha impuesto tres rondas de sanciones, que afectan a un total de 25
altos cargos venezolanos, políticos y militares, entre ellos el número dos del
chavismo y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; los
vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez; el fiscal general, Tarek
William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno,
así como a varios agentes de Inteligencia implicados en la muerte del capitán
de corbeta Rafael Acosta, que murió en junio bajo la custodia de las
autoridades venezolanas.
Estados Unidos
lleva meses presionando a Europa para elevar la presión con sanciones sobre el
régimen de Maduro, pero el bloque rechaza adoptar sanciones económicas que
puedan perjudicar todavía más a la población civil en el país.
El bloque siempre
ha dejado claro en cambio que se reserva la posibilidad de imponer más
sanciones individuales en el caso de que no haya progresos para una salida
democrática en Venezuela o en respuesta a violaciones de los Derechos Humanos.
La Alta
Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica
Mogherini, informará a los Veintiocho de las últimas gestiones para tratar de
resolver la crisis en Venezuela, algo que para el bloque pasa por la
celebración de nuevas elecciones presidenciales, y de los resultados de la
conferencia organizada junto con ACNUR y la OIM a finales de octubre para
recabar ayuda de la comunidad internacional para atender la crisis de
refugiados y migrantes venezolanos y su impacto en los países vecinos, que se
plasmaron en 120 millones de euros de ayuda, insuficientes para atender las
necesidades.
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