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jueves, 14 de noviembre de 2019

Nueve organizaciones de derechos humanos internacionales y locales denunciaron la precaria situación de los derechos humanos en Nicaragua.


Nueve organizaciones de derechos humanos internacionales y locales denunciaron la precaria situación de los derechos humanos en Nicaragua, en un evento realizado en el marco del 174 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este espacio de denuncia y análisis sobre la situación del país, se evidenció un sostenido deterioro institucional que limita el ejercicio de los derechos humanos. Según datos de diversas organizaciones de derechos humanos, como resultado de la crisis política que estalló el 18 de abril de 2018, al menos 328 personas murieron en el marco de las protestas, y más de 80 mil personas han tenido que migrar forzosamente.

Marlin Sierra, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), presentó los retos actuales de la libertad de expresión, reunión y asociación, denunciando las dificultades existentes para ejerecer la labor de defensa de los derechos humanos en el país y la situación de persecución, hostigamiento y amenazas que constantemente enfrentan los defensores y defensoras, constantando que “en Nicaragua nada está normal”.

Ana Patricia Sánchez, víctima de detención arbitraria y vocera de Unión de Presos Políticos Nicaragüenses, expuso la situación de las personas excarceladas y sus familias: “Para quienes fuimos encarcelados arbitrariamente en Nicaragua, la vida está muy lejos de ser normal, no conseguimos trabajo, no logramos volver a estudiar, nuestras familias siguen bajo acoso”.

Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), denunció el impacto que la crisis ha tenido en los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Región Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua (RACC): “Al menos 21 territorios indígenas y afrodescedientes conformados por 270 comunidades están invadidos por colonos, en su mayoria ex-militares, que cuentan con el apoyo del Gobierno”.

Lizeth Dávila, vicepresidenta de la “Asociación Madres de Abril” (AMA), discutió sobre los obstáculos en la lucha por la verdad, justicia, reparación y no repetición y urgió a la comunidad internacional “a alzar la voz para que los asesinatos de nuestros hijos no queden impunes. Las madres ni nos rendimos ni nos vendemos”.

María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Promoción de la CIDH, presentó la perspectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Nicaragua, señalando que “el desafío más grande que tenemos las organizaciones de monitorero de derechos humanos es dar a conocer que la represión continúa. Aunque las detenciones masivas y las agresiones visibles no se den, estamos ante una situación más grave”.

Alejandra Manavella, coordinadora de incidencia para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se encargó de presentar las palabras de cierre y las conclusiones, poniendo de relieve como “la realidad que han relatado las panelistas supera a la narrativa estatal: las restricciones a los derechos de la población continúan, la represión toma nuevas formas pero no cesa y por el contrario tiende a recrudecer”.

Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, señaló que las panelistas pusieron en evidencia “que la situación en Nicaragua no ha mejorado y que los derechos humanos siguen bajo ataque en Nicaragua”.

El evento también contó con la participación de un representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos quien destacó que “los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición son la piedra angular de la reconstrucción de una sociedad que ha experimentado violaciones masivas y graves a los derechos humanos como ha sido el caso de Nicaragua en el último año y medio”.

El evento se da en un contexto de continua represión contra las organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas y líderes de opinión de oposición. Desde diciembre de 2018, las autoridades nicaragüenses cancelaron la personería jurídica de nueve organizaciones en violación al derecho de asociación. Además, más de 130 de personas permanecen detenidas como resultado de haber sido percibidas como opositoras al gobierno.

Entre los organizadores del evento se encuentran la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

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