Tras la sesión de la OEA el
lunes, la Policía ejecutó allanamientos ilegales en León (occidente), mientras
circularon videos de opositores detenidos, aparentemente maniatados y obligados
a declarar en favor del gobierno.
El Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) conoció el lunes un
informe que detalla violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y concluye
como "inviable” el funcionamiento democrático en el país bajo el actual
gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Elaborado por una
comisión de alto nivel de la OEA, el informe denunció una "alteración del
orden constitucional" en Nicaragua y pidió convocar a un período extraordinario
de sesiones, un paso que para algunos aproximaría al país a una suspensión del
organismo hemisférico.
El texto fue
calificado como "contundente” e "irrebatible” por voceros de la
oposición, pero desacreditado enfáticamente por la representante nicaragüense
en la OEA, la exministra de Defensa Ruth Tapia, que lo rechazó por considerarlo
"injerencista”.
Ortega ya había
desconocido a la comisión formada por representantes de Argentina, Canadá,
Jamaica, Estados Unidos y Paraguay, a quienes les prohibió ingresar al país en
septiembre pasado. El grupo viajó a San Salvador y a Washington para reunirse
con familiares de víctimas, excarcelados políticos y activistas de derechos
humanos.
La comisión
recomendó al CP que "convoque inmediatamente un período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General”. Sin embargo, la eventual suspensión del
Estado nicaragüense en la OEA, vía aplicación de la Carta Democrática, es algo
que según analistas todavía llevará tiempo, mientras el gobierno seguirá
respondiendo "con más represión”.
"Daniel
Ortega se sabe acorralado y frente a cada presión externa reacciona escalando
la ola represiva”, declaró el político Mauricio Díaz, exembajador alterno de
Nicaragua en la OEA (2004-2006), en una entrevista con DW.
Según Díaz, tras
la divulgación del informe de la comisión especial, la semana pasada, el
gobierno encarceló a 16 activistas por llevar agua a un grupo de mujeres en
huelga de hambre. La víspera se denunciaron cuatro allanamientos en la ciudad
de León y la detención de una familia de
opositores, luego exhibidos en videos declarando a favor del gobierno. Los
afectados denunciaron que fueron golpeados, amenazados y maniatados antes de la
grabación.
"Esa fue la
respuesta del presidente Ortega a la sesión en la OEA: para mí no existe más
que mi ambición de seguir en el poder y no van a moverme”, comentó el
diplomático.
"Pareciera
que el comandante quiere provocar una guerra civil, quiere que la población
reaccione. Ahora lo que hay es una guerra unilateral no declarada del propio
Estado contra el pueblo”, afirmó Díaz.
A su juicio, el
veterano caudillo pretende "convertir a Nicaragua en una isla en tierra
firme… ‘cubanizar' el país, presentarse como el Fidel Castro del siglo XXI”. Opinó
que, de seguir por esa ruta, "veremos a la nación hundirse
dramáticamente”.
De acuerdo con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 328 civiles murieron a
manos de la Policía y paramilitares desde que estalló la crisis en abril de
2018, a partir de protestas estudiantiles que se multiplicaron por el país.
Durante la sesión del lunes, la CIDH reiteró su alarma por las persistentes
denuncias de persecución y ejecuciones extrajudiciales, especialmente en zonas
rurales.
Uno de los
miembros de la comisión especial, el representante de Estados Unidos ante la
OEA, Carlos Trujillo, dijo que espera que en las sesiones extraordinarias se
invoque el artículo 21 de la Carta Democrática a fin de suspender a Nicaragua
del organismo, descartando que Ortega acceda a reanudar las conversaciones con
la oposición.
Para que las
reuniones del organismo continental sean aprobadas se necesita el voto de al
menos 24 países del Consejo Permanente, es decir, dos tercios de sus 35
integrantes, recordó Trujillo.
Solo dos Estados
han sido suspendidos de la OEA desde su fundación en 1948: Honduras, después del
golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya en 2009, y Cuba, tras el
triunfo de la revolución socialista de 1959.
A juicio de
Edgard Parrales, quien fue embajador sandinista ante la OEA (1982-1986), una suspensión le bloquearía al gobierno de Managua
el apoyo financiero de organismos como el BID y el BCIE, que le han aportado
millonarios préstamos en el último año, y lo expondría a sanciones económicas y
diplomáticas unilaterales por parte de otros Estados de la región.
Consultado por
DW, el exdiplomático recordó que Nicaragua recibe beneficios de sus tratados
comerciales con México y con Chile, y más aún del acuerdo de libre comercio
entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), países
que compran la tercera parte de sus exportaciones.
Opinó que Ortega
encara "un panorama poco alentador”, toda vez que el "informe
demoledor” de la OEA podría dar pie también a sanciones anunciadas por la Unión
Europea (UE).
Publicar un comentario