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viernes, 29 de noviembre de 2019

ONG’s: Se endurecen embates contra opositores.


Una nueva escalada de acciones para frenar el resurgimiento de protestas opositoras emprendió en las últimas semanas el gobierno de Daniel Ortega, según denuncian organizaciones humanitarias y analistas, en medio de presiones de la OEA y amenazas de sanciones de Estados Unidos.

"Las últimas dos semanas han visto una ofensiva contra los miembros de la oposición que intentan organizarse pacíficamente", denunció la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización no gubernamental dedicada a la promoción de los derechos humanos.

La persecución, según términos opositores, apunta contra cualquier manifestación contra el gobierno. Entre otras acciones, denuncian encarcelamiento de jóvenes que protestan gritando consignas antigubernamentales, cerco a templos religiosos por dar refugio a opositores y la detención de activistas por intentar proveer suministros a participantes de una huelga de hambre.

La policía y los paramilitares de Nicaragua utilizaron munición española para reprimir el alzamiento estudiantil de la primavera de 2018. Los cartuchos del fabricante guipuzcoano Trust Eibarrés S.A fueron encontrados el 23 de junio de ese año tras una jornada de protestas en la universidad de Managua en la que murieron 2 personas y 15 estudiantes más fueron heridos. Un comandante del ejército actualmente en el exilio, Roberto Samcam, confirma que los cuerpos de seguridad utilizaban esta munición española importada a través de México.

Se calcula que en las movilizaciones de 2018 fallecieron más de 320 personas por los disparos de las fuerzas de seguridad de Nicaragua. La chispa que hizo saltar el descontento contra el mandatario Daniel Ortega fue el intento de acometer reformas sociales que, entre otros aspectos, afectaban al sistema de pensiones. Las protestas se extendieron por todo el país aunque las mayores movilizaciones fueron en las ciudades de Masaya y Managua.

Según las investigaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno de Ortega y sus paramilitares usaron la fuerza de manera desproporcionada llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas y agresiones sexuales en los centros de detención.

Estos grupos paramilitares colaboraron con la policía para reprimir las protestas. Estaban formados por hombres enmascarados, en ocasiones vestían todos igual, iban perfectamente armados y actuaban en coordinación con las fuerzas policiales. Según BBC Mundo, que entrevistó a uno de ellos, estaban formados por antiguos militares y "combatientes históricos" de la revolución sandinista.

ras las primeras denuncias en redes sociales de que se estaba utilizando munición española para reprimir las protestas, la empresa productora de estos cartuchos, Trust Eibarrés, emitió un comunicado en el que se desvinculaba de lo sucedido. 

La compañía -que no ha querido hacer declaraciones para este reportaje- aseguraba en su mensaje que "no suministraba cartuchería de ningún tipo a ningún cuerpo de Seguridad del Estado de Nicaragua".  

A pesar de que, según el relato de la empresa, no se vendía material directamente a las fuerzas de seguridad de Nicaragua, durante los años anteriores a la protesta sí que se ha podido acreditar un flujo continuo de munición hacia ese país, que no tiene por qué implicar que se envía a la policía y al ejército.

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