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viernes, 8 de noviembre de 2019

Polémica Ley de Amnistía será analizada en audiencia de la CIDH.


El líder universitario Max Jerez y el líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya y excarcelado político Yubrank Suazo participarán el próximo lunes 11 de noviembre en una en audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar la polémica “Ley de Amnistía” y su aplicación a personas detenidas por motivos políticos.

La audiencia se realizará en Quito, Ecuador. Jerez es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, mientras que Suazo pasó nueve meses secuestrado por la dictadura y liberado el 11 de junio bajo la “Ley de Amnistía”.

Esta ley orteguista fue aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio con “carácter de urgencia” por petición del dictador Daniel Ortega.

La Ley de Amnistía excarceló a más de 50 presos políticos, pero dejó en la impunidad a los responsables de las muertes en el contexto de la crisis sociopolítica que ha vivido ese el país desde abril de 2018.

La ley incluyó todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, e instruyó a las autoridades a cerrar todos los procesos administrativos y penales, así como a detener la ejecución de sentencias.

La oposición nicaragüense rechazó a Ley de Amnistía porque permitió que quedaran impunes los crímenes y abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, así como por los grupos de civiles armados que apoyaron al régimen orteguista.

La ley, además, contiene una cláusula de reincidencia que permite revocarles el beneficio a los excarcelados si vuelven a protestar contra Ortega.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de esa ley, señalando que “el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”. 

“Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”, recalcó.

Por su parte, la CIDH aseguró que la Ley dejó en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos que han sido ampliamente documentadas, “evitar el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como restringir los derechos y garantías de la sociedad nicaragüenses contenidos en la Convención Americana”, reza una declaratoria de la Comisión.

“Esta ley no fue consultada a la sociedad civil ni a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, agregó la CIDH.

La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua y sobre Memoria, Verdad y Justicia señaló: “Reiteramos la importancia y la obligación que tiene el Estado de Nicaragua para establecer investigaciones diligentes, imparciales y exhaustivas con miras a alcanzar justicia, reparación y memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis, garantizando su no repetición”. 

“El Estado debe garantizar los derechos y libertades de todas las personas bajo su jurisdicción”, comentó.

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