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lunes, 18 de noviembre de 2019

Régimen de Daniel Ortega acusa a opositores por "transporte ilegal de armas".


La Fiscalía nicaragüense acusó penalmente el lunes a 16 opositores por supuesto transporte ilegal de armas.  Entre ellos figuran 13 dirigentes sociales detenidos hace cuatro días cuando intentaban llevarle agua a madres de “presos políticos” en huelga de hambre en una iglesia de Masaya, al oriente de la capital.

María Oviedo, defensora de los acusados, dijo que el Ministerio Público acusó al grupo por el delito de “transporte ilegal de armas de fuego”, con base en una declaración de la Policía que en la jornada aseguró haberles requisado tres revólveres, una escopeta y artefactos explosivos.

La víspera, la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su “preocupación y condena” por la reciente represión y detenciones.

En horas tempranas la Policía presentó por primera vez a los 16 detenidos ante medios de prensa de la dictadura. Todos estaban esposados y custodiados por policías con pasamontañas, vestían uniformes de presos y no se les permitió hablar, según videos difundidos.

La Policía también presentó a la prensa oficial las armas y explosivos que, según dijo, se les decomisó a los activistas opositores, a quienes también les requisaron cuatro vehículos en los que se transportaban. La pena mínima para el delito de traslado de armas es de cinco años de cárcel y no admite medidas cautelares, ni arresto domiciliario, según las normas nicaragüenses.

Entre los 13 miembros de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco arrestados se encuentra la líder estudiantil belga-nicaragüense Amaya Coppens, quien estuvo presa un año por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018.

El grupo fue capturado el jueves en la ciudad de Masaya cuando intentó entregar agua a 11 mujeres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de esa ciudad, que permanece desde ese día rodeada por patrullas y efectivos policiales.

Las mujeres son madres, esposas y hermanas de opositores presos que buscan así presionar por su excarcelación.

El régimen sandinista suspendió los servicios de agua y electricidad en la iglesia, mientras paramilitares en conjunto con la Policía hostigan a las mujeres en huelga de hambre que están acompañadas por el párroco de la Iglesia San Miguel.

Mientras tanto, el lunes otro grupo de familiares de presos políticos inició una huelga de hambre en la catedral de Managua, la cual quedó sitiada por la policía.

Según la oposición, más de 138 manifestantes continúan presos, pese a que este año fueron liberados unos 700 al amparo de una ley de amnistía aprobada a instancias de Ortega.

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