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lunes, 25 de noviembre de 2019

Sesión del consejo permanente de la OEA fue una potente denuncia contra la dictadura de Ortega.


La sesión del Consejo Permanente de la OEA, celebrada este lunes para recibir el informe de la Comisión de Alto Nivel que detalla las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua fue una potente denuncia sobre el estado actual de la crisis del país.

El informe de la organización concluye que el presidente Daniel Ortega y sus políticas hicieron "inviable" el funcionamiento democrático nicaragüense.

"Hoy en Nicaragua cualquier disidencia es atacada", dijo la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora sobre Nicaragua a través de una videollamada, Antonia Urrejola, una de las que intervino en la prolongada sesión.

"En Nicaragua los periodistas y trabajadores de medios independientes son perseguidos sistemáticamente", dijo Urrejola.

La CIDH denunció un patrón de detenciones arbitrarias a líderes y lideresas sociales con fines disuasorios, agregó.  "Los periodistas y trabajadores de medios independientes son perseguidos sistemáticamente", añadió Antonia Urrejola.

Ante la negativa del gobierno de Ortega de colaborar o regresar al diálogo con la oposición, terminado por el mandatario el 30 de julio tras la suspensión de las conversaciones en mayo, la Comisión declaró "infructuosas" las gestiones diplomáticas.

La comisión de alto nivel recomendó al Consejo Permanente de la OEA, en el informe, que se declare una "alteración del orden constitucional" en Nicaragua y se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del organismo.

Los representantes de Estados Unidos, Costa Rica y Canadá hicieron eco de esta petición durante sus intervenciones en la reunión de este lunes.

"Es hora de que el consejo responda a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua", dijo el representante de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo. "Debemos reconocer que es necesario aumentar la presión diplomática".

Por su parte, la representante de Nicaragua, Ruth Tapia, rechazó el reporte de la comisión de Alto Nivel, a la cual llamó "inexistente".

"Algo que no existe no puede producir informes u opiniones", dijo Tapia, "todas sus acciones las damos por inexistentes".

Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, analizó que el informe aborda no sólo los temas de derechos humanos o de la democracia, sino el de un fundamento importante de las relaciones comerciales regionales y bilaterales.

Expresó que el reporte "demuestra que el derecho de asociación ha sido violado en Nicaragua" y se han incumplido normas internacionales relacionadas a DR-CAFTA, aunque, Orozco dijo que "el Informe plantea soluciones políticas a la crisis. Una gran oportunidad para que se encuentre una salida".

El informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua, indicó que los mecanismos de control y subordinación que el régimen de Daniel Ortega desarrolla hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen “inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho”.

La Comisión aseveró que el régimen orteguista ha evidenciado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos tales como el acoso e intimidación a cualquier tipo de oposición, violación de derechos políticos, violación a la libertad de prensa y expresión, trato inhumano y detención arbitraria, subordinaciones de los poderes del Estado y las omisiones a los estatutos de la Constitución Política del país.

Los países integrantes de la OEA respaldaron el informe de la OEA y pidieron una solución pacífica a la crisis de Nicaragua que debe incluir: elecciones justas y transparentes, fin de la represión, restauración de derechos humanos, un esfuerzo por ambas partes para volver a una mesa de diálogo y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos.

El Secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció la situación de violaciones de derechos en Nicaragua, sin embargo sigue calificando a la dictadura Ortega Murillo como “gobierno”.

Almagro dijo que el informe de la OEA “describe un patrón continuo de acciones políticas destinadas a coartar los derechos de los nicaragüenses, los derechos políticos y civiles de los ciudadanos”.

“Condenamos los últimos hechos de represión y detención de manifestantes… Es inadmisible que se le haya cortado la electricidad, que se les haya cortado el agua, que no les hayan permitido a acceder a medicamentos y víveres”, expresó Almagro en referencia a las personas que estuvieron por 9 días encerradas en una iglesia de Masaya.

“Han continuado las violaciones a derechos humanos como arrestos arbitrarios, actos fragante de vulneración a los derechos humanos de las persona que se manifiestan pacíficamente… Condenamos estas acciones improcedentes, abusivas y arbitrarias”, agregó.

Una vez más pidió al régimen de Ortega, elecciones libres y transparentes, y sostuvo que continúa abierto a trabajar en un proceso de reformas electorales “para el restablecimiento de la paz y la democracia en Nicaragua”.

En la sesión de la OEA también participó la Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora sobre Nicaragua, Antonia Urrejola, quien señaló que “hoy en Nicaragua cualquier disidencia es atacada”.

“Los periodistas y trabajadores de medios independientes son perseguidos sistemáticamente”, añadió.



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