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martes, 31 de diciembre de 2019

2020 hacia un año preelectoral con una incertidumbre llamada Daniel Ortega.


Veinte meses y medio de crisis no han convencido al Gobierno de Nicaragua de adelantar las elecciones de 2021, y si nada cambia, el país tendrá en 2020 un año preelectoral con una incertidumbre llamada Daniel Ortega.

El presidente nicaragüense es la gran incertidumbre porque si bien se ha descartado renunciar para solucionar la crisis, como le ha sido recomendado, sus métodos policiales para mantenerse en el poder le generan una presión que hace insostenible su mandato.

Aunque Ortega descarta la alternativa de adelantar las elecciones, existen acciones que parecen tener la capacidad de acelerar el proceso.

Entre ellas están las manifestaciones permanentes a pesar del veto a toda protesta contra Ortega, el fracaso de su modelo económico, denuncias de violaciones a los derechos humanos, y especialmente las sanciones económicas contra sus familiares y allegados.

Incluso si Ortega extiende su mandato hasta 2021, existe un rechazo generalizado a unas elecciones con las mismas autoridades que se han mantenido en el poder por casi 13 años.

Organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco o la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que han propuesto reformas electorales con nuevos árbitros, sostienen que los sufragios ideales serían unos sin Ortega en la Presidencia y sin derecho a reelección.

Otros movimientos como la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, consideran que el gobernante debe renunciar de inmediato, para no contaminar los comicios.

El rechazo se debe a que Ortega, afirman, no garantiza las “elecciones libres, justas, transparentes y observadas”, que exigen los nicaragüenses no sandinistas.

Actualmente Ortega, además de presidir el Poder Ejecutivo, mantiene control absoluto sobre los Poderes Electoral, Judicial y Legislativo, además de la Policía, las Fuerzas Armadas, las alcaldías municipales y algunos partidos opositores, condición perfecta para un “fraude electoral”, según los opositores.

Los líderes de la Unidad y de la Alianza basan sus temores en las elecciones de los últimos 11 años, cuyos resultados totales nunca fueron divulgados, padrones electorales alterados, prohibición de la observación, expulsión de fiscales opositores, eliminación de posibles votantes, entre otros síntomas de fraude.

Las dudas sobre Ortega han hecho que la Alianza rechace un acuerdo firmado en febrero de 2017 entre el presidente y la Organización de los Estados Americanos (OEA), para mejorar el sistema electoral, pues sostiene que se necesitan reformas profundas, ya que Nicaragua “no es la misma desde abril de 2018”.

Una hipotética renuncia de Ortega igual causa incertidumbre, pues asumiría su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien a juicio de algunos, no haría diferencias.

Las dudas se extienden a la Asamblea Nacional, ya que tendrían que renunciar el presidente y dos vicepresidentes sandinistas, antes de encontrar a un opositor que asuma la Presidencia, en este caso del PLC, partido considerado “zancudo” o colaborador del FSLN, por una parte de los electores.

Además de cerrar las puertas a su renuncia o adelanto de elecciones, Ortega insiste en su reelección, aspiración que calza con la falta de líderes alternos en el FSLN y la ropa de los sandinistas con la frase “Daniel 2021”.

Con lo que no coinciden los anhelos de Ortega, pese a las encuestas que lo dan como favorito, es con el rumbo de la economía nicaragüense, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará 2019 con una caída del 5,7 %, y en 2020 retrocederá 1,2 %, tras haber descendido 3,8 en 2018.

La no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que aglutina a economistas y empresarios locales, ha advertido que la economía solamente se recuperará cuando se arregle el tema político, con Ortega fuera de la ecuación.

Este 2020 debería ser el año en que los partidos políticos de Nicaragua resalten sus colores, definan a sus candidatos, muestren sus intenciones y organicen a sus bases, en cambio enfrentan decisiones de otra índole.

El Partido Conservador recién se retiró de la Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, el PLC no sabe si dejar solos a los sandinistas en el Parlamento, Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha aceptado tímidamente unirse con todos los disidentes, y la anunciada Gran Coalición opositora que retaría a Ortega, no toma la forma que desean sus posibles integrantes.

Todo lo anterior frente a la incertidumbre del rumbo que tomará Ortega, rector de los árbitros, las reglas, los participantes y el método electoral.

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