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domingo, 15 de diciembre de 2019

Diputada opositora afirma que nacionalización se presta "a un lavado".


La diputada liberal Azucena Castillo dijo que la ley que "nacionaliza" los inventarios de la empresa sancionada DNP "se presta para un lavado", porque cualquier gestión que se haga "contamina a quien las compra", en este caso "se le pasa la contaminación al Ministerio de Energía y Minas.

La nacionalización de la Distribuidora Nicaragüense de Petroleo S.A. (DNP), que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo "es un robo al Estado" de Nicaragua agregó el ex diputado Eliseo Núñez.

La denominada "Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense", presentada por Ortega con carácter urgente y aprobada por el Parlamento con los votos de los sandinistas y sus aliados, no establece el monto que pagará al Estado a DNP, advirtió Núñez.

Ese quiere decir, agregó, que el hijo de Ortega y sus socios en DNP podrán definir el precio sin seguir los parámetros de expropiación que establece la Ley de Hidrocarburos.

"En el caso de nacionalizar por la vía (Ley de Hidrocarburos), hubiesen tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se mandata (por Catastro), pero como lo hicieron por una nueva Ley, entonces es un proceso especial el que crearon para poner el precio que ellos quieran y evidentemente robarle al Estado", alertó.

Por su parte, el Dr. José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, dijo que “Con esta ley enviada apresuradamente a la Asamblea se pretende evitar que la familia ortega pierda lo invertido en los inventarios de combustibles y petróleos”.

Para Pallais la Ley pretende que el "Estado pague sus inventarios" en referencia a la sancionada DNP que fue nacionalizada por diputados sandinistas este sábado en una sesión de carácter de urgencia. La nacionalización lleva implícita "el pago, la indemnización de las gasolineras DNP" según el Dr. Pallais.

Esto, según Pallais, evidencia una vez más la confusión de los intereses personales de la familia dictatorial con los intereses del Estado "creando una nueva piñata con los intereses de todos los nicaragüenses" dijo Pallais.

La confusión Estado-familia es tan grande asegura José Pallais “que, así como se aprovechó el poder de asignarse el manejo de casi el 50% de las gasolineras del país esto indica que este mismo poder será usado para asignar testaferros ligados a la familia”.

También menciona que la única interpretación de las filas que se han visto, es que estás son provocadas por parte del pánico que se pretendió generar y se podría decir que el régimen esta mandando a consumir el inventario, ya que todas las distribuidoras deben tener un inventario que equivalga a un mes de consumo lo que significa mucho dinero para la dictadura Ortega-Murillo.

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