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miércoles, 11 de diciembre de 2019

Economía y turismo nicaragüense no se recuperan tras estallido social.


La crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde las protestas sociales de abril de 2018 continúa golpeando áreas sensibles de la economía, como el turismo, donde la mayoría de las empresas quedaron en “situación de sobrevivencia” y no han podido recuperarse, advirtieron empresarios privados en Managua.

Lo anterior figura en un estudio presentado este miércoles por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que mediante una encuesta a 350 empresas del país confirmó también los “impactos muy negativos” de una reforma tributaria que el régimen de Daniel Ortega aprobó en marzo pasado.

La industria del turismo, posicionada como uno de los pilares de la economía antes de 2018, fue “dramáticamente” golpeada por la crisis, pues la violencia provocó la huida de visitantes, dijo Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, adscrita al COSEP.

El flujo de turistas cayó en un 45% y los vuelos internacionales en 31%, mientras los ingresos anuales del sector totalizaron 440 millones de dólares, 47% menos que en 2017. “Al cierre de 2018, un 80% de nuestras empresas tenían status de sobrevivencia”, comentó Valenti.

Según el informe, el 63,7% de los negocios turísticos cerró temporalmente en 2018, y de los que luego reabrieron, el 70,2% redujo el personal. En 2019 el turismo internacional apenas representó el 29,8%, dado el temor de los extranjeros de viajar a Nicaragua.

Un 78% de los negocios turísticos reportaron pérdidas debido al aumento en el costo de la energía eléctrica, mientras que el 86% fueron afectados por el pago de impuestos. No obstante, un 66,5% está en disposición de seguir operando porque hay expectativas de una mejoría, dijo Camilo Pacheco, coautor del estudio.

También se informó que desde julio pasado, el régimen sandinista suspendió la publicación de datos económicos sobre el rubro.

“La crisis sigue sin resolverse, el tiempo va corriendo y no hay respuestas del gobierno”, afirmó el presidente del COSEP, José Adán Aguerri.  Los empresarios han pedido al dictador Daniel Ortega retomar un diálogo para reformar la Ley Electoral y convocar a nuevos comicios “libres y transparentes”.

El líder empresarial lamentó también el “feroz impacto económico y social” que tuvo la reforma tributaria con la que el régimen buscó compensar pérdidas de unos 2.000 millones de dólares causadas por el cierre de miles de negocios a causa de la revuelta social de 2018.

Según datos oficiales, el Estado recaudó unos 4.000 millones de córdobas (119,4 millones de dólares) de marzo a junio pasado, mediante la aplicación de impuestos al consumo. Si bien la recaudación aumentó hasta en 33,9%, esto se tradujo en alza de precios, cierre de negocios y despidos de personal, advirtió el informe del COSEP.

También reveló que debido a la reforma, un 84% de las empresas privadas del país redujeron sus gastos, el 66% recortó sus inversiones, el 38% aumentó los precios y el 29% cerró sucursales y canceló créditos.

El aumento de precios elevó la tasa de inflación en 2 puntos porcentuales en 2019, año en que el desempleo abierto aumentó de 5,5% a 7%, se indicó.

El régimen sandinista puso fin a la rebelión social de 2018 mediante la fuerza armada, utilizando a policías y paramilitares que neutralizaron las protestas en todo el país. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 328 personas fueron asesinadas durante la represión, más de 2.000 resultaron heridas y 88.000 emigraron debido a la persecución estatal.

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