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domingo, 29 de diciembre de 2019

Grave y desalentador panorama reina en Nicaragua.


Por Judith Flores / Dario Las América.   - Con la instauración del terror como política de Estado en Nicaragua, opositores asesinados en zonas rurales, presos políticos, la continuidad del éxodo y una iglesia católica perseguida por el régimen de Daniel Ortega concluye el 2019 en Nicaragua.

Kenia Gutiérrez, líder del Movimiento Campesino, informó que un total de 95 campesinos fueron asesinados entre octubre de 2018 y diciembre de 2019.

“Tenemos nombres completos (de las víctimas). Hemos visitado los lugares donde han ocurrido más asesinatos de campesinos. Hemos conversado con familiares y vecinos que nos han dicho que eran opositores”, señaló la activista.

“Estamos convencidos de que existe una política de terror hacia los campesinos opositores”, aseveró la dirigente.

Primero en los años 1980, durante el primer gobierno sandinista, y ahora en su segunda fase, desde 2007, grupos cívicos plantean categóricamente que Ortega ha practicado el terror y la tortura, sobre todo a partir de las protestas el año pasado, cuando estudiantes y manifestantes en general fueron reprimidos, torturados e incluso baleados mortalmente.

A lo anterior se suma las ejecuciones extrajudiciales y el encarcelamiento de más de 700 opositores, aunque la mayoría fue liberada más tarde por medio de una ley de amnistía que benefició a funcionarios del régimen y paramilitares.

La prueba mayor radicó en los signos de torturas y tiros de gracia en sus cuerpos, lo que quedó plasmado en fotografías que fueron difundidas en las redes sociales.

De ellos destaca el opositor José Isaías Ugarte, conocido como Chabelo, que fue asesinado por la Policía, cuya fotografía evidenciaba heridas hechas aparentemente con arma blanca y arma de fuego de alto calibre.  

La pesquisa realizada por la socióloga Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, concluyó que 59 de los 66 casos que documentó presentan pruebas fehacientes de haber sido asesinados por razones políticas.

Por otra parte, la presencia de paramilitares organizados en las protestas fue otro de los elementos más preocupantes que se tuvo en cuenta, debido a que estos grupos cuentan con el respaldo del Gobierno para el uso de la fuerza.

El nuevo representante de la Unión Demócrata Cristiana en Nicaragua, Francisco Delgadillo, sostiene que la situación en Nicaragua está peor que en 2018, cuando el Gobierno ha impuesto “barricadas a la salida de la crisis política, económica y social que enfrenta el país, al impedir a la gente marchar, al no permitir la libre expresión, al cerrar medios de comunicación”, apuntó.  

El jurista y político independiente Oscar Carrión sostiene que hubo avances en la denuncia a nivel internacional, sobre la crisis sociopolítica del país y la represión indiscriminada del régimen.

“Pero los que se atribuyeron la conducción exclusiva de la lucha interna retrocedieron cuando debían apretar y ser más firmes”, preciso Carrión en alusión al papel que ha jugado la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco: la primera aglutina a empresarios que antes del estallido estuvieron aliados con Ortega y la segunda acoge a sandinistas exiliados y representantes de organismos no gubernamentales.

“La demanda de un paro nacional prolongado ha sido desoída por los empresarios que sueñan con entenderse de nuevo con el dictador”, alegó Carrión, quien además reprochó que Ortega no dejara entrar al país a la comisión especial de la OEA.

“Siento que la agonía se ha prolongado más de lo previsto y que las soluciones a corto plazo con todo y la debacle que supone el fin de 2019, se requiere una mejor conducción más integral, más amplia y más incidente en la lucha por recuperar la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua”, alegó el jurista.

La liberación del primer bloque de presos políticos es a juicio de Carrión un avance y asegura que “el mérito no es de los negociadores, sino del pueblo junto al sacrificio de la vida de Eddy Montes”, que fue asesinado por un custodio en prisión.

Hay más de 160 presos políticos, algunos han sido reencarcelados, como el caso de Amaya Copens y Jaime Navarrete, que un mes después de haber sido liberado fue vuelto a detener y sometido a torturas, acorde a la denuncia de la madre.

“El dictador se endurece y se ensaña contra los presos políticos. No negocia ni los libera. Nuestros hermanos en el exilio, que sobrepasan los 100.000, viven en penurias fuera del país y la situación económica es cada día peor en Nicaragua”, subrayó Carrión.

En ese mismo sentido, Francisco Delgadillo subrayó que la situación económica en Nicaragua es cada vez más grave y el panorama no es alentador.

“El régimen se está asfixiando. El presupuesto general de la República para el 2020 está estimado en base a las recaudaciones con el 97%, no tiene prácticamente nada en ayuda internacional y este país no tiene la capacidad de estar subvencionando todos los gastos del estado, la Policía, los paramilitares y el Ejército”, indicó.

Delgadillo, el Gobierno se va a ver obligado a abrir los espacios y hacer reformas a la ley electoral, esto “debido a la presión internacional porque gobernar se le va a hacer insostenible, producto de la crisis económica generada tras el estallido social, va a ir aumentando el desempleo y la crisis va a empezar a fraccionar probablemente un estallido social más grande que el de abril de 2018”.

Y es que, según algunas fuentes, en las organizaciones de la oposición ya se habla de participar en las próximas elecciones como un medio de salir de la dictadura de Ortega, que mantiene el control de los poderes del estado, la Policía y el Ejército.

La decisión no ha sido anunciada pero según anticipan ya comienzan a trabajar con ese propósito y se ha hablado de candidaturas presidenciales con representantes en el exilio.

“Hablar de candidaturas es muy prematuro, cuando se eligió a doña Violeta se hizo tres meses antes de las elecciones porque una de las características de los sandinistas es ir a elecciones con ventajas y probablemente el Frente (sandinista) va a hacer sus cosas como siempre lo han hecho”, alertó Delgadillo.

“Pero se les va a salir de las manos porque la gente se va a lanzar a votar masiva-mente”, anticipó.

“No podrá hacer fraude. Además, habrá una vigilancia internacional obligada por la circunstancias”, valoró Delgadillo.

Por otra parte, Carrión considera que hay que re definir la conducción de esta nueva etapa de lucha cívica.: Necesitamos liderazgos fuertes y comprometidos con el pueblo. Debe haber más sanciones a empresarios cómplices, incluso suspender tratados con tal de abrir rutas de soluciones integrales que no queden en medias tintas”.

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