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jueves, 19 de diciembre de 2019

Municipios opositores: castigados, marginados y sin dinero.


Por José Denis Cruz y Jessie Ampié. Así como las fronteras, hay líneas imaginarias que dividen a los pobres, unos más que otros.  Como aquí, en Santa María de Pantasma, un municipio rural de Jinotega situado a 175 kilómetros de la capital Managua, donde los pobres de las escasas calles adoquinadas son menos pobres por vivir ahí, en lo que la Alcaldía llama casco urbano por contar con servicios de agua potable y un modesto tendido eléctrico; contrario a los otros pobres, o más pobres, que viven en las brumosas montañas, rodeados de caminos fangosos y con la sensación de habitar la zona más olvidada del mundo.  

Esa calibración de pobreza en este pueblo ha estado influenciada por la mínima inversión municipal, pero que desde 2018 se encuentra paralizada por la falta de capital proveniente de la principal fuente de financiamiento: Las transferencias municipales.

Santa María de Pantasma está habitado por 53,499 personas, pero solo 8,326 residen en la parte urbana. El 85% de su población, es decir 45,173, está asentada en zonas rurales. 

Esa dispariedad obliga a la municipalidad a “invertir en progreso” en las comunidades recónditas, pero hablarles de inversiones a estos pobladores del campo empobrecido es sinónimo de acondicionar un camino de todo tiempo o, en el mejor de los casos, construir un puesto de salud o dos aulas de clases. No se puede más para un municipio que hasta 2018 invertía C$243 percápita del total de transferencias municipales que desembolsaba el Gobierno Central.

Y si ya en 2018 el municipio era tildado de pobre severo, según datos oficiales, en 2019 lo será más, y en 2020, también.

Juana, una campesina de 46 años que habita en una casa de tabla y zinc flanqueada por espesas montañas de café y al borde de las oscuras aguas del río Pantasma, en la comunidad El Charcón, no distingue en qué nivel de pobreza se ubica, se sabe pobre por lo que sirve en su plato: “A veces no tenemos para comer, no tener dinero es ser pobre”, dice, un día nuboso de noviembre que fue al casco urbano de Santa María a vender medio quintal de frijoles para comprar azúcar y café.

— ¿Y usted sabe por qué no llegan los caminos hasta su comunidad?

— Fíjese que no sé, la gente dice que el Gobierno no nos manda dinero, pero, eso es de hace muchos años, nosotros pensamos que para ellos no existimos, responde con el característico acento campechano la mujer cabeza de familia de cinco hijos.

Ella se refiere a los fondos que envía el Ministerio de Hacienda en concepto de transferencias municipales. Según la Ley 466, Ley de transferencias presupuestarias a los municipios de Nicaragua, el Estado está en la obligación de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, y deberá priorizar a los municipios con menos capacidad de ingresos.  

El presupuesto de la municipalidad de Juana, por ejemplo, depende de un 70% de las transferencias, dada que su recaudación representa apenas el 20% del monto total necesario para que funcione y eche a andar proyectos de electricidad, saneamiento y viales.

Al problema de la pobreza severa que aqueja a este municipio del Norte se le suma el impacto de la peor crisis económica de los últimos 30 años en Nicaragua. Ante la caída de las donaciones y las recaudaciones en 2018 y el escaso financiamiento de organismos multilaterales, el régimen de Daniel Ortega apretó el cinturón de las finanzas públicas, mermando los desembolsos de las transferencias municipales de 2019 y reduciéndolas drásticamente en 2020.

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