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jueves, 9 de enero de 2020

Dictadura excluirá a Alianza Cívica y UNAB, en discusión de reformas a Ley Electoral.


El presidente de la Asamblea Nacional y diputado sandinista Gustavo Porras informó que este año se discutirá la reforma a la Ley Electoral con el Consejo Supremo Electoral (CSE), modificaciones profundas al sistema del Estado de Nicaragua.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la Sesión Solemne de Inauguración de la XXXVI Legislatura, donde se dio a conocer el Plan Legislativo de Trabajo 2020.

En los últimos meses organizaciones de la sociedad civil presentaron propuestas a dicha Ley, sin embargo el régimen de Daniel Ortega se resiste a debatir el tema con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, asegurando que sólo lo harán con los partidos políticos.

En entrevista a Lucía Navas del periódico La Prensa, el diputado sandinista Wilfredo Navarro aseguró que “Tienen avanzada la propuesta de reforma electoral con la Organización de Estados Americanos (OEA), pero que abrirán la consulta solo con los partidos políticos y dejarán fuera a la oposición, agrupada en la Alianza Cívica, la UNAB y otros sectores”.

Navarro expresó a La Prensa que “no tienen nada que conversar con los gays y las lesbianas, ambientalistas y grupos que no tienen que ver con el tema político”.

Al presentar la agenda anual del Parlamento, el sancionado Gustavo Porras  no brindó detalles sobre el proceso de reformas electorales, de cara a unos comicios previstos para noviembre de 2021, sin embargo se conoce en las consultas solo participarán partidos políticos y dejarán fuera a la oposición nicaragüense.

Las reformas electorales es una demanda de la oposición y de la comunidad internacional, debido a los fraudes dirigidos por el Consejo Supremo Electoral que han permitido reelecciones continuas del dictador Daniel Ortega, y funcionarios del FSLN, desde que este volvió al poder en 2007.

El anuncio no garantiza cambios profundos, pues las reformas únicamente serán consultadas entre los partidos políticos tradicionales, así lo dejó claro el diputado tránsfuga Wilfredo Navarro.

“Aquí no vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elecciones”, dijo Navarro, al referirse, de manera despectiva, a los movimientos opositores.

Las reformas que demandan la oposición y la comunidad internacional buscan permitir el adelanto de los próximos comicios y que las votaciones sean “libres, justas, transparentes y observadas”, sin opción de reelección.

La oposición sostiene que el anticipo de las elecciones de 2021 es urgente, ya que el régimen de Ortega continúa realizando ejecuciones selectivas de disidentes, sobre todo campesinos.

También alegan que desde la vuelta de Ortega al poder no se divulgan los resultados totales de las elecciones, los padrones sufrieron alteraciones, se prohibió la observación electoral, se expulsó a los fiscales no oficialistas, se eliminaron posibles electores y aparecieron difuntos entre los votantes.

Además, creen que Ortega podría dirigir otro fraude electoral sin problemas, ya que este, además de presidir el Ejecutivo, controla todos los poderes del Estado, y a la Policía, el Ejército, las alcaldías y algunos partidos opositores.

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